Los vecinos de Dénia recurren a Ursula von der Leyen ante la vulneración de propiedad privada de la Ley de Costas

La Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia (miembro de la plataforma Somos Mediterránea) en representación de los 3.500 afectados por los deslindes de la Dirección General de Costas -del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)-, ha recurrido personalmente por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo el amparo del órgano legislativo comunitario.

Los afectados por los deslindes, en boca de su presidente, Francisco Ros, consideran que se trata de un "ataque a los principios fundacionales y fundamentales del Estado de derecho y Democrático" y extienden el problema a las 300.000 viviendas en el litoral del conjunto de España.

En la carta, los afectados de Dénia exponen que Europa necesita una "directiva que proteja la costa y los legítimos intereses de los ciudadanos europeos" que tiene sus propiedades en los 8000 km de extensión de su litoral.

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Así, señalan que las causas de la erosión en los arenales "han sido y son, fundamentalmente, la falta de aporte de sedimentos al mar a causa del embalsamiento de los ríos, las barreras puestas a la circulación de dichos sedimentos por los innumerables puertos que jalonan la costa española y, en mucha menor proporción, los efectos del cambio climático".

Frente a esta situación, acusan a Costas de "en lugar de actuar de forma sistémica, atacando las razones de dicha erosión, ha concentrado sus actuaciones en delimitar una línea virtual llamada de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y en expoliar todas las viviendas próximas al mar que entraban" en ella.

Una ley de 1988

En concreto, "a Ley de Costas de 1988 ha posibilitado el expolio "con efecto retroactivo, de miles de viviendas. En virtud de ella, los otrora propietarios se han visto expoliados de sus derechos, con efecto retroactivo, pues sus escrituras de propiedad les han sido cambiadas por simples 'concesiones' para utilizar las viviendas por un periodo de tiempo limitado, al cabo del cual deberían restituir los terrenos al Estado, previa demolición de sus viviendas y pago de los costes de dicha destrucción".

"Parece surrealista, pero es la realidad", continúa la misiva, por lo que exigen "una directiva, que con carácter general establezca para toda la Unión Europea unos estándares mínimos que garanticen el respeto del derecho de propiedad de los ciudadanos y la protección adecuada del patrimonio natural que constituyen las costas".

MITECO

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También denuncian lo variables que son los criterios para establecer la línea litoral ya que "la ley de Costas de 1988 se ocupa de establecer los criterios para determinar cuál es el DPMT, que en principio viene fijado por el alcance de las olas en los mayores temporales".

Sobre todo, porque denuncian que "el ministerio responsable del mantenimiento de la costa española ha dejado durante años de cumplir con sus funciones de protección y regeneración", lo que hace que las olas de los temporales alcancen cada vez cotas más cercanas a las viviendas particulares.

"Esta situación ha provocado y sigue provocando numerosos atentados contra el derecho de propiedad que sus titulares tienen sobre las parcelas y viviendas que se ven afectadas, pues, a pesar de haber adquirido sus propiedades con arreglo a las leyes vigentes en su momento, de haber edificado sus construcciones con las oportunas licencias, de haber pagado los impuestos y tasas correspondientes y de figurar como titulares de las mismas en el Registro de la Propiedad", añade la carta.

Además, sostiene que esta ley de 1988 concede al estado "unas facultades abusivas" permitiendo arrebatar a los propietarios terrenos "sin que perciban justiprecio alguno, sustituyendo la compensación económica que toda expropiación conlleva por el uso concesional de su propia parcela durante un tiempo limitado".

El presidente de la asociación de vecinos Playas de Dénia, Francisco Ros, en la Mesa redonda sobre el litoral de EL ESPAÑOL-INVERTIA. Pablo Miranzo

"Esto no es equitativo; si la administración quiere expropiar una propiedad, debe pagarla a precio de mercado. La maniobra consistente en cambiar un derecho de propiedad por el derecho de disfrute de la misma durante un tiempo limitado, es más propio de un juego de trileros que de un Estado democrático, serio y responsable", explica.

También destaca el hecho de que "la Administración alega una supuesta falta de
medios para proceder a la protección y recuperación de todas las costas españolas. Tal afirmación es incierta pues corresponde a la Administración dotarse del suficiente presupuesto para la realización de las competencias que legalmente le corresponden en exclusiva".

Los afectados por los deslindes, asimismo, trasladan a la presidenta de la Comisión que la "totalidad de la costa del territorio nacional ya había sido deslindada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 1988, pues lo había sido con arreglo a la ley de 1969".

Y explican que "esta ley ya contemplaba la existencia del DPMT y establecía que tenían tal condición los terrenos donde llegaran las olas en la pleamar, o en los temporales ordinarios. Por ello, el argumento utilizado frecuentemente por la Administración para promover los expedientes de deslinde, argumentando que se trata de terrenos sin deslindar, es falso".

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Por último, recuerdan, ya tuvo que intervenir la Unión Europea frente a esta legislación española en 2013, a través del informe Auken, que instaba "a las autoridades españolas a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero".

Algo, resumen los afectados en la carta a Von der Leyen, que prácticamente no se hizo, manteniendo la ley todos los aspectos lesivos para los legítimos propietarios de viviendas y parcelas en el litoral español.