El nuevo 'tijeretazo' al trasvase del Tajo-Segura por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha justificado con la llegada de millonarias inversiones para ir sustituyendo el agua trasvasada por el agua desalada.
En concreto, las tres provincias afectadas por el corte del grifo que los socialistas valencianos, empezando por Ximo Puig, han sido incapaces de rechazar, tienen la promesa de Ribera de una inversión de 500 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation.
Sólo el Mar Menor recibirá una inyección de 200 de esos millones de fondos europeos, anunció la ministra recientemente en Murcia. Y es que allí donde va Ribera promete tres cifras. No sería raro que consumiese esos 7.000 millones antes de terminar sus compromisos.
En conjunto la ministra socialista ha prometido 7.000 millones para modernizar la gestión del agua en toda España. En seis años, ni más ni menos. Según informó su ministerio: "estas inversiones quedarán recogidas en los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, que el MITECO está ultimando, y se ejecutarán a través de la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales".
"Para ganar en resiliencia, debemos reconfigurar nuestra manera de relacionarnos con este bien cada vez más escaso y sin el que no existirían nuestras sociedades tal y como las conocemos", señaló la ministra. Es decir, un lavado de cara total para la gestión del agua en España.
Por supuesto no me parece mal, todo lo contrario. Pero permítanme que me muestre escéptico con la capacidad de la administración de Pedro Sánchez para gestionar esa ingente cantidad de dinero en tan poco tiempo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que todos los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, organismos dependientes, ministerios... están pidiendo "sus" tres cifras de esos fondos europeos.
¿Quién va a tramitar todo ese dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué garantías de que no se perderá por el camino? Y es que en el caso del agua ya sabemos cómo se gestionaron desde Acuamed, el organismo del ministerio para construir y gestionar las desaladoras, los fondos llegados desde Madrid. En 2017 supimos por un juez que 500 millones llegados de Europa fueron usados para especulaciones financieras.
No se trata de ponernos la tirita, o la venda, antes de la herida. Se trata de que no se nos engañe con promesas que muy probablemente no se van a cumplir o que van a abrir la puerta a gestiones nefastas. No es la primera vez.
En cambio, los regantes de Alicante que son los grandes perjudicados de la película ecologista que se ha montado el Ministerio, sí que han demostrado a lo largo de décadas que son capaces de aprovechar cada gota de agua que llega y hacer de sus cosechas la envidia de Europa. Son capaces de invertir en sus campos, de modernizar en sus sistemas de riego, y además, ganar dinero y enviar parte a comunidades autónomas que no han hecho sus deberes y que lo han dilapidado en no se sabe qué, pero no en modernizar su agricultura.