Los empresarios de los municipios de la alicantina Vega Baja ven el anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura un "ataque frontal" a todos los sectores productivos de la comarca, con especial intensidad a la agricultura y al turismo residencial.
Así lo ha considerado la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA) tras conocer la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incrementar el caudal ecológico del Tajo-Segura en el nuevo plan de cuenca del Tajo 2022-27.
Estiman que en la práctica supondrá una reducción de los recursos hídricos que se pueden trasvasar a las provincias de Murcia y Alicante de unos 40 hectómetros cúbicos, cuando se valide el documento con un recorte gradual de 80 anuales en seis años.
"El impacto de esta medida supondrá una notable caída de la riqueza (afectará a todos los sectores productivos, con especial intensidad en la agricultura y el turismo residencial), el empleo y el bienestar, puesto que el 60% del abastecimiento de la provincia proviene del trasvase", han advertido.
Para ASEMVEGA, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez "es un paso más para eliminar una infraestructura que ha aportado 350 hectómetros cúbicos al año a un territorio que padece un déficit estructural de recursos hídricos, que solo se puede paliar utilizando las distintas fuentes de caudales, entre las que el trasvase es imprescindible con las dotaciones actuales".
"Se trata además de una medida que tendrá efectos medioambientales inmediatos", ha proseguido ASEMVEGA en el comunicado.
A pesar de esto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrado los términos del acuerdo, y que suponen aumentar durante los próximos cinco años el caudal ecológico del trasvase hasta los 7 m3/h, un metro cúbico más que pactado actualmente.
A partir de 2027 la idea es subirlo hasta 8,6, lo que en la práctica supondrá el fin de la transferencia hídrica. ¿Qué alternativa hay? Pues la principal es fiarlo todo a la desalación, un agua que aún es muy cara pero que, según la Generalitat, se abaratará en el próximo lustro con una batería de obras que va a ejecutar el Gobierno.
Ante esta coyuntura el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha pedido a Puig que haga un "frente común" con los presidentes de Andalucía y Murcia, con el objetivo de reclamar en Madrid el agua "que sea necesaria" para la agricultura del sureste español. "Lo que no puede ser es que necesitemos un cubo y en el Gobierno valenciano se conformen con el goteo", ha asegurado Mazón.