La Guardia Civil de Alicante ha detenido a tres personas por pertenecer a un grupo criminal dedicado a estafar a productores hortofrutícolas a los que compraban mercancía, que nunca llegan a pagar y que después vendían a otros compradores extranjeros. 

La investigación comenzó a finales del pasado mes de mayo, cuando un agricultor denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura que había vendido 25.000 kilogramos de cítricos a una empresa, pero que nunca había recibido el pago por ella. El vendedor había mantenido el contacto con los compradores a través de un corredor hortofrutícola, un mediador que trabajaba para la empresa que había adquirido la mercancía.

En el contrato firmado por el intercambio de la mercancía, el agricultor establecía un precio de 8.200 euros, que los compradores debían abonar a finales de marzo, fecha en la que la producción acordada sería recolectada y entregada. Por su parte, el agricultor asumía todos los gastos de producción, mantenimiento de la cosecha y recolección.

Como la víctima ya había tratado anteriormente con el comerciante con el que ya había llevado a cabo otras negociaciones anteriormente, por las cuales sí que había recibido la remuneración correspondiente, decidió fiarse y firmó el contrato. Pero dos meses después, el agricultor no había recibido dinero alguno por su mercancía, por lo que decidió denunciarlo.

Posible estafa

El Equipo contra robos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja se hizo cargo de la instrucción de las diligencias para investigar lo sucedido, convencidos de que se trataba de un posible delito de estafa. Los agentes averiguaron que la empresa bajo la que operaban los supuestos estafadores estaba registrada desde hace tres años, y que con frecuencia iba cambiando de ubicación.

La forma de operar de la banda era siempre la misma. En primer lugar, establecen una nueva localización, después contratan a comerciales reales de la zona que son conocidos y les invitan a trabajar con ellos para captar a posibles agricultores que quieran vender su mercancía a la empresa "fantasma". Posteriormente, una vez captada la víctima, hecha la negociación y con la tenencia de la mercancía del agricultor, desaparecen y cambian de localización. Finalmente, revenden la mercancía estafada a compradores de otros países en el mercado negro, dificultando así las labores de rastreo e impidiendo que puedan ser localizados. 



Ante los agricultores de la zona, se presentan como una empresa con relativa trayectoria en el mercado, por llevar creada desde hace algunos años, y contar con varias sedes por el territorio nacional. Al dirigirse a ellos a través de corredores con los que los agricultores ya han trabajado en ocasiones anteriores, las víctimas no sospechan de que se trata de una estafa. Además, a la firma del contrato, adelantan una pequeña cantidad, haciéndoles creer que se trata de una empresa solvente.

Llegado el momento de entregar a la empresa la producción recolectada, si el agricultor se resiste a entregar la mercancía antes de haber cobrado, les extienden un cheque que en realidad carece de fondos.

Localizados

En apenas unas semanas desde la interposición de la denuncia del agricultor de Callosa de Segura, los investigadores localizaron a los principales artífices de la trama, dos personas de origen italiano. Tenían registradas varias sedes de la empresa distribuidas en tres localidades: una en Cox, y otra en Callosa de Segura, sendas en la provincia de Alicante, y la tercera en Beniel (Murcia). Tras cometer una estafa bajo la titularidad de una de las sedes, cesaban la actividad en esa y activaban la de otra de las sedes, complicando así la labor de los investigadores.

En total, han sido detenidas tres personas. un hombre de nacionalidad española, de 56 años, con domicilio en Orihuela (Alicante), que hacía las funciones de comercial, otro hombre, de 59 años, de nacionalidad italiana, el cabecilla de la banda, que posee antecedentes por estafas similares cometidas en la Región de Murcia en el último año, y una mujer de 54 años, también italiana. Los dos últimos, con residencia en la localidad murciana de Los Alcázares, son los titulares de la empresa bajo la que opera el grupo. Se les acusa un delito de estafa y otro delito de pertenencia a grupo criminal.



Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela, quedando en libertad con cargos. Asimismo, no se descarta que sean localizados más perjudicados. La Guardia Civil alerta de que es una estafa muy común en el sector y hace un llamamiento a cualquier persona que sospeche que puede ser una víctima más.