La ansiada (por las defensas) presentación de las cuestiones previas en el tercer gran juicio de 'Brugal', el del Plan Zonal de la Vega Baja de Alicante, por fin ha llegado. Si en el caso de las basuras de Orihuela el tribunal se decantó por anular las escuchas, en el del Plan General de Alicante otro tribunal las dio por válidas. Así que del resultado de este debate pende una causa con 12 años de historia que se dirime hoy en la Audiencia provincial con sede en Elche.
El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll (PP), la exdiputada Mónica Lorente, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el resto de acusados han pedido anular las jugosas escuchas telefónicas que sustentan la acusación de un amaño para adjudicar el macrovertedero a la UTE Cespa-Ortiz.
Según informa Efe, Ripoll, Ortiz y Fenoll y la exalcaldesa oriolana Mónica Lorente han evitado hacer declaraciones a su llegada al Palacio de Justicia ilicitano, donde se han congregado numerosos medios de comunicación para cubrir el inicio de un juicio que se prolongará hasta el 30 de junio de 2022.
"De maravilla", se ha limitado a comentar que se sentía Enrique Ortiz ante los periodistas, mientras que el resto de acusados tampoco se ha detenido ni ha querido contestar a las preguntas.
Por su parte, el abogado del industrial oriolano Ángel Fenoll, Mariano Bo, ha recordado la causa de las basuras de Orihuela, donde se dejó libre a los 34 acusados (entre ellos los referidos Fenoll y Lorente) por invalidarse parcialmente los pinchazos telefónicos de la Policía.
Este letrado ha confirmado que las defensas repetirán esta misma petición de nulidad en la actual fase de las cuestiones previas, y que solicitarán que se añadan en esta lista de anulaciones más pinchazos telefónicos que los admitidos en el juicio sobre la recogida de residuos de la ciudad oriolana.
Por su parte, el abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, se ha limitado a declarar que esa decisión depende del tribunal y que estarán muy pendientes de lo que diriman los magistrados.
El proceso
Como ha informado este diario, el proceso contra 13 políticos y empresarios en relación con el Plan Zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la Vega Baja, ha reservado durante once jornadas de noviembre las cuestiones previas que planteen las partes, entre ellas la referida petición de invalidez de las escuchas.
La Fiscalía pidió 16 años de prisión y 41 de inhabilitación para Ripoll; 17 para los empresarios Ortiz y Fenoll, con 20 de inhabilitación, y otros cuatro y 24 de inhabilitación para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente.
Tras aclarar las cuestiones previas, las sesiones se suspenderán hasta iniciarse el juicio propiamente dicho el 18 de enero de 2022 para seguir durante 65 sesiones y hasta el 30 de junio, según el calendario marcado en una providencia emitida casi un año por la Audiencia Provincial.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que entre 2008 y 2009 el expresidente Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que Ortiz lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle. Se trataba de 'Las Pistolas', en la pedanía de Torremendo.
En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll.