La Vega Baja de Alicante, trece años sin poder tratar sus basuras y enviándolas a vertederos externos

En enero de 2008, el Consorcio del Plan Zonal de Residuos Zona XVII aprobó la adjudicación a la empresa Cespa-Ortiz para la gestión de los residuos sólidos urbanos de la comarca de la Vega Baja durante 20 años. Esa decisión provisional fue firme cinco a los después, en 2013. Y revocada por el caso Brugal tras otros dos, en 2015. La empresa tenía que construir una planta de tratamiento ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo. Nada se ha hecho.

Trece años después todo sigue en el aire y los más de 350.000 vecinos de la comarca envían sus basuras diariamente a Alicante, Elche y Xixona. Los líos judiciales de aquella adjudicación que ahora está siendo juzgada en la Audiencia Provincial con sede en Elche, y las discrepancias políticas y vecinales entre los ayuntamientos tan sólo han permitido construir una planta de "transferencia" (de unos camiones a otros) en Dolores.

La revelación de que existieron negociaciones entre Enrique Ortiz y el dueño de los terrenos en Torremendo, el empresario oriolano Ángel Fenoll, para la compra de la finca 'Las Pistolas', derivó en una causa judicial que ahora se dirime con el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP) y la ex diputada Mónica Lorente (PP) como principales coprotagonistas.

Los municipios de Orihuela (Torremendo), Albatera y Cox mantuvieron un duro enfrentamiento para alejar el gran vertedero de sus términos municipales. La pelota se pasaba de un tejado a otro continuamente.

Tras el escándalo, el Consorcio del Plan Zonal terminó por revocar y anular la adjudicación en enero de 2015, con la sucesora de Ripoll, Luisa Pastor (PP), como presidenta de la Diputación. Incluso el Consorcio se incautó la garantía depositada por la UTE por no haber empezado las obras de la planta.

Pero Cespa-Ortiz presentó un recurso en los tribunales llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que en 2019 decretó que la adjudicación era válida. En junio de este año, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJCV.  

¿Qué hacer?

Ambas sentencias judiciales establecen que se tiene que ejecutar el contrato y a ello se ha puesto la actual presidenta del Consorcio, Teresa Belmonte (PP), como sucesora de Manuel Pineda (PSOE). Los socialistas acusaron a la popular de negociar con la empresa a espaldas de los alcaldes y ésta terminó por crear una comisión con técnicos y políticos para poner luz y taquígrafos en las conversaciones.

No obstante, la nueva normativa de residuos en la Comunidad Valenciana impide que sea una planta única como el macrovertedero proyectado en 2008 y se apuesta por un modelo de gestión en polígonos industriales. El objetivo es reciclar lo máximo posible para que volumen que se debe enterrar en vasos de vertedero sea el mínimo. 

Los políticos confían ahora en que esta política de reciclaje incluso permita que el tratamiento se haga en varios polígonos industriales de la zona. Entre tanto, los vertederos de Elche, Alicante y Xixona siguen llenando sus vasos (cada vez menos, del 70% de la basura recogida al 40%) y disminuyendo su vida útil.