Un juzgado de Orihuela ha acordado la apertura de juicio oral y una fianza de 141.031 euros al exalcalde de la localidad Emilio Bascuñana, del Partido Popular, en una causa abierta por cobrar sin trabajar como sanitario de la Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante entre los años 2007 y 2012 (antes de llegar a la alcaldía).
Fuentes del caso han señalado a Efe que la titular del juzgado de Instrucción número 1 dictó el pasado 26 de octubre un auto por el que toma esa decisión para que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial por los supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. Paralelamente, se ha requerido al acusado para que deposite una fianza por importe de 141.031 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
Da, por último, un plazo de diez días a la defensa para formular escrito en el que exprese su conformidad o disconformidad con la acusación formulada por el ministerio fiscal, y en este último caso proponiendo la práctica de pruebas. Según las mismas fuentes, el auto sólo puede ser recurrido en reforma ante el juzgado exclusivamente en lo que se refiere a la situación personal de Emilio Bascuñana.
La Fiscalía Anticorrupción anunció en su momento que pedirá tres años de cárcel para Bascuñana al considerar que ha percibido remuneraciones sin que haya quedado acreditado que ejerciese ningún trabajo efectivo entre noviembre de 2007 y enero de 2012, antes de convertirse en alcalde, algo que ocurrió en 2015.
Además, también solicita que se le impongan seis años de inhabilitación absoluta, lo que impediría que pudiese desempeñar cualquier tipo de responsabilidad o cargo público.
'Caso de los 43 enchufes'
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en Alicante, dictó la apertura de juicio oral el pasado 26 de octubre para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno socialista de la ciudad.
Efe recoge que la decisión de la jueza de decretar la apertura de juicio oral en el 'caso enchufes', a petición de Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). La acusación se dirige contra dos exconcejales y seis técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.