Después de meses de acusaciones cruzadas, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) se reunirán para abordar soluciones que mejoren la seguridad y garanticen la mejor integración posible de los más de 230 migrantes procedentes de Canarias reubicados en el municipio.
Las posturas encontradas llegaron a provocar movilizaciones en el Ayuntamiento, donde se exigieron medidas para frenar los delitos cometidos por algunos de estos migrantes. Por su parte, desde el consistorio consideraban estas demandas exageradas al tratarse de "casos aislados".
Según ha podido saber este diario, un reciente acercamiento entre el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP) podría ser el primer paso para unir fuerzas.
Una llamada telefónica entre el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez Pastor (PSOE), y el presidente nacional del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) y secretario autonómico de FESEP, Paco Ángel González, ha abierto un diálogo que ambos consideran necesario.
En dicha conversación, ambas partes expresaron su disposición a sentarse y abordar los problemas que han venido deteriorando la imagen de Guardamar, un municipio que en verano multiplica su población hasta llegar a los 50.000 habitantes debido al turismo.
Durante la conversación telefónica, coincidieron en que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los residentes, policías y visitantes de Guardamar, sin caer en la criminalización de colectivos específicos.
El encuentro, según ha avanzado González a EL ESPAÑOL de Alicante, se celebrará "en breve" en el consistorio. Allí se reunirán con el responsable de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el concejal Jesús Rodríguez Onteniente, y los miembros del sindicato también serán recibidos por el propio alcalde.
Más medios
De esta forma, buscan encontrar puntos en común que permitan avanzar en la situación y mejorar las condiciones de los policías municipales. Una de las principales reivindicaciones del sindicato es que solo hay una patrulla de dos policías en cada uno de los tres turnos diarios para atender todas las llamadas de emergencia, lo que provoca que, a pesar del apoyo de la Guardia Civil, "la demanda de seguridad supere los recursos disponibles", aseguraba la entidad en un comunicado.
Otra de sus demandas es que se aplique una política de inmigración "coherente y bien estructurada, respaldada por programas de inclusión efectivos, bien coordinados, organizados, vigilados y controlados".
"Estamos en la misma línea y vamos a trabajar conjuntamente para buscar soluciones que vayan en favor de la localidad", ha asegurado González, quien ha sostenido que la división que había solo dañaba la imagen del pueblo.
Sucesos
Las tensiones surgieron a raíz de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses. Los casos más recientes se produjeron el 14 de julio durante las celebraciones de la Eurocopa, cuando un joven fue agredido, y el 19 de julio, cuando se reportó una nueva agresión contra el portero de un establecimiento nocturno. El regidor destaca que los implicados "fueron expulsados del programa" por estos hechos.
Sin embargo, en palabras del alcalde, desde ese último suceso no se ha vuelto a registrar ningún delito, y afirma que los migrantes han sido reubicados a un espacio de 70.000 metros cuadrados cercano al término municipal de Elche, por lo que asegura que "ya ni están dentro del pueblo".
Anteriormente, los migrantes estaban acogidos en el Centro de Acogida Temporal de Emergencia (CATE) habilitado en un hotel de cuatro estrellas del municipio alicantino como parte de un programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que estaba gestionado por la ONG Cepaim.