Publicada

En plena polémica y cruce de acusaciones políticas por la responsabilidad (o no) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la gestión de la riada que asoló el martes pasado la provincia de Valencia, desde la Vega Baja de Alicante que quedó anegada en 2019 como consecuencia de otra DANA se recuerda que desde entonces la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no ha realizado ninguna gran obra para evitar nuevos episodios.

José Bernabé Sáez, juez Privativo de Aguas de Orihuela, una de las 17 comunidades de regantes que se querelló contra la CHS, aseguraba ayer a este diario: "Nos hemos escapado de milagro. Si llegan a caer los 150 litros por metro cuadrado que se preveían, el río y las ramblas no hubieran aguantado porque desde 2019 no se ha hecho nada".

Aquella querella contra los responsables de CHS de varios gobiernos (depende del Ministerio de Transición Ecológica), se archivó por un juez oriolano, se reabrió por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y se archivó finalmente. Pero ni siquiera la amenaza en los juzgados surtió efecto.

"Aquí se ha parcheado cosas, pero todo sigue igual. Las únicas obras realizadas las ha hecho la Conselleria en acueductos y azarbes pequeños. Pero todos los proyectos que nos contaron tras la DANA de hacer presas en la rambla de Abanilla (entre Murcia y Orihuela) o Tabara (Albatera), se han quedado en proyectos", recuerda el juez de aguas oriolano.

"Solo hay que ver el estado en el que se encuentra el río y los barrancos. En una fotografía aérea se puede comprobar. Cinco años después no se ha hecho nada. los proyectos siguen en los cajones, no se limpia ni el río ni las ramblas", añade Bernabé Sáez.

"Aquel no fue el drama humano que ha sido ahora, pero muchos regantes lo perdieron todo, fue la ruina de muchos. Y lo peor, nos sentimos indefensos ante una situación similar que pueda llegar a volver a producirse", concluye el juez.

El gobierno autonómico de Ximo Puig centralizó todas las gestiones en el Plan "Vega Renhace", en el que se incluían las obras más importantes. Aquel plan también quedó en nada ya que en él se incluían también infraestructuras educativas, sanitarias o sociales ajenas a los daños de la DANA. El PP criticó la escasa ejecución del plan y con la llegada al poder de Carlos Mazón se clausuró ese plan por inoperativo.