30 años del atentado de Mutxamel: de la matanza perseguida por ETA al destino cruel de las víctimas

"La gente pensaba que el coche bomba lo había aparcado mal un vecino que había bebido más de la cuenta", rememora la cronista oficial de Mutxamel, Asunción Brotons, para este medio. El pequeño municipio se despertaba el 16 de septiembre de 1991 con la resaca de haber dejado atrás sus fiestas de Moros y Cristianos e inmersa en las celebraciones de la localidad próxima de Sant d'Joan, ambas en el cinturón de Alicante. 

Ahora, 30 años después de aquel atentado, el Ayuntamiento ha preparado un nuevo homenaje a las víctimas para este jueves a las 12 horas en el Paseo de la Constitución con la Avenida Gran Vía de Valencia. Con la archivera de la biblioteca municipal, donde ejerce desde 1982 en esta localidad que entonces tenía 10.000 habitantes (hoy supera los 25.000) hacemos un recorrido del considerado atentado más mortífero de ETA de los perpetrados en la provincia de Alicante.  

El vehículo en cuestión, un Ford Fiesta robado dos meses atrás en Zarauz (Guipúzcoa), había quedado medio subido a una acera, en la cara opuesta al cuartel de la Guardia Civil, donde vivían seis agentes con sus familias. Los terroristas habían planeado dirigirlo, con el freno de mano quitado y la marcha puesta, a la casa cuartel, que daba al colegio más antiguo de la localidad, El Salvador, que había sido construido en 1932 durante la II República. "Era el primer día de clase", apunta la archivera de la biblioteca municipal, por lo que sus 400 alumnos y alumnas también eran el objetivo de la banda. 

La investigación posterior apuntaba a que los etarras buscaban emular una masacre como la de Vic, que meses atrás había dejado 10 muertos, cinco de ellos menores, en la casa cuartel catalana o el de cuatro años atrás contra la casa cuartel de Zaragoza, con 11 asesinados (entre ellos 5 niñas) en un año, 1987, cuando tuvo lugar el atentado más sanguinario de todos: el del Hipercor de Barcelona, con 21 muertos.  

Pero el coche de Mutxamel, que había sido lanzado sin conductor, no quedó donde estaba previsto, sino pegado a una sucursal bancaria, el Banco de Valencia. Allí, a las 8 de la mañana, el director de la oficina, sin sospechar que dentro se escondía un potente explosivo, avisó a la Guardia Civil para que se lo llevaran. 

El cruel destino de las víctimas

El cruel destino hizo que esa mañana el joven alicantino Víctor Manuel Puertas Viera, de 21 años, policía municipal interino, y José Luis Jiménez Vargas, de 28 y natural de Mutxame, también policía encargado de regular el tráfico, acudieran a recoger el coche con la grúa municipal Francisco Cebrián Cabezas, el conductor de la grúa, de 40 años.

Se daba la paradoja de que Cebrián, nacido en Teruel, había sido Guardia Civil, Cuerpo que le había destinado a la casa cuartel de la vecina San Juan, recuerda el portal de la asociación de víctimas Covite. Allí conoció a una chica de Mutxamel, Emilia Egea, se enamoraron y tuvieron cuatro hijos. Más tarde, se saldría de la benemérita y entraría en el servicio municipal de la grúa.        

Así que los tres, sin sospechar nada, se subieron a la grúa tras cargar con el coche bomba. "Recorrieron con él toda la calle hacia abajo y luego hacia arriba porque no se podía ir de otra forma al depósito", recuerda Brotons. Es decir, que podía haber explotado durante su recorrido por las principales calles del pueblo. En lugar de eso, lo hizo en el depósito municipal, un solar destinado a acoger a los coches que estaban mal aparcados, como supuestamente lo estaba ese Ford Fiesta con matrícula falsa. 

9.40 horas

La hora de la explosión del coche bomba, cargado de 50 kilos de explosivos, las 9.40 horas, pilló a las tres víctimas saliendo de la grúa; murieron en el acto. La onda expansiva afectó a unas 40 personas, cuatro de ellas graves, así como a un bebé de un mes, que también precisó de atención médica. 

Asunción Brotons recuerda que los edificios y vehículos de alrededor quedaron muy afectados y, sobre todo, que el atentado podía haber matado a su hija, que ese año comenzaba el instituto y empezaba más tardes las clases, por lo que le estaba en casa y Asunción en el colegio El Salvador, donde era presidenta del APA. Minutos antes de la detonación, ellas dos se encontraban hablando por teléfono cuando escucharon el estruendo. "Mi hija en cierta forma salvó la vida al tener las ventanas abiertas a la calle del calor que hacía" y los cristales no se rompieron sobre ella, rememora ahora. 

A las pocas horas de la explosión, y sin que se hubiera confirmado ni siquiera que fuera un atentado, aunque todas las evidencias apuntaban a ETA, Brotons y otras compañeras funcionarias abrieron una ventanilla improvisada en el Ayuntamiento para atender a los vecinos, desconcertados por lo que había pasado. 

El consuelo también lo ofrecería la parroquia de El Salvador de la localidad, que esa tarde acogería una primera misa y al día siguiente reuniría a unas 10.000 personas, entre las que acudieron el presidente de la Generalitat, Joan Lerma o el ministro del Interior, José Luis Corcuera. 

El destino de los verdugos

En 1995, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun fueron condenados a 136 años y 6 meses de prisión como autores de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo, así como por los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula y tenencia de explosivos. También fueron condenados a indemnizar económicamente a las familias de las víctimas, a los heridos y a los damnificados por los daños materiales. 

Cordero, con más de 20 asesinatos por su participación en varios atentados y Zabala salieron de prisión en 2013. Asimismo, Fernando Díez Torre, José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño fueron condenados a 38 años de prisión como miembros del comando Levante que estuvo operativo entre 1991 y 1992 y que estuvo detrás de la colocación de los explosivos en el coche.

Díez Torre quedó en libertad por vulnerar su caso la doctrina Parot en 2012. Urrusolo se acogió a la Vía Nanclares por la que se permitía su reinserción en caso de mostrar arrepentimiento, saliendo de la prisión en 2016 y López Riaño en 2017. 

10 años antes, en 2007, el Ayuntamiento de Mutxamel puso a tres calles de la localidad el nombre de las víctimas. Muy cerca de allí, en el cementerio municipal descansa el cuerpo de Silvia Martínez, la niña hija de un Guardia Civil asesinado en el atentado de Santa Pola de 2002, donde también moriría Cecilio Gallego. Fue el segundo ataque más grave de la banda terrorista.  

Tras la publicación de este artículo, la familia de Víctor Puertas ha pedido que se rectifique que no se han dedicado tres calles a los tres asesinados. Patricia, hermana de Víctor, ha hecho constar que "el día 2 de enero de 2007, cuando del Ayuntamiento en sesión plenaria acordó dedicar una calle a cada uno de los fallecidos, pero de manera inexplicable, dicho compromiso no se ha cumplido ya que solo se ha puesto a una de ellas, el nombre de 'José Luis Jiménez Vargas', olvidándose, de manera lamentable, de los otros dos, Francisco Cebrián y Víctor Puertas".

En su escrito de rectificación, añade que "a día de hoy y después de 30 años del atentado terrorista, seguimos esperando que la corporación municipal cumpla con dicho acuerdo y se dé, aunque sea tarde, el justo reconocimiento que se merecen las dos víctimas y sus familias".