Uno de cada cinco valencianos mayores de 18 años afirma haber pagado por tener sexo alguna vez a lo largo de su vida. Así lo presentan unos estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la de València, UMH y UV, que estiman entre diez mil y trece mil el número de las mujeres prostituidas en toda la Comunidad.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reiterado este martes que la Valenciana "ha asumido el compromiso de liderar el proceso para abolir la prostitución en España". Para que eso sea así, ha avanzado que se "presentará las propuestas elaboradas desde el Foro para la Abolición de la Prostitución".
El mensaje de Bravo sigue la línea que durante este año se ha ido desarrollando para adoptar cambios en la legislación estatal, autonómica y local. Con ellos se plantea la sanción del consumo de sexo pagado, como ya está haciendo el municipio de Albal, y garantizar la atención integral a las mujeres prostituidas.
Bravo ha repasado estos datos durante su intervención en el acto de presentación de los estudios realizados por ambas universidades. En el de la UMH, realizado por el director del Instituto Crímina Fernando Miró, se retrata la percepción del fenómeno que tiene la ciudadanía y en el de la UV, dirigido por el catedrático de Sociología Antonio Ariño, la situación de la prostitución en la Comunidad Valenciana.
El perfil
"Desde la Comunitat Valenciana queremos ser los primeros en trabajar para revertir la situación y que, en un futuro próximo, formemos parte del Corredor de la decencia de los países abolicionistas", ha dicho Gabriela Bravo.
El perfil de estas víctimas "de la violencia de género", según la consellera, corresponde a una mujer joven, con poca formación educativa, proveniente de clase social baja y entornos familiares humildes y vulnerables y mayoritariamente extranjeras. "Así se entiende mejor", según Bravo, "que el 95 % de las víctimas de la prostitución sean mujeres y el 99,7 % de los consumidores de sexo pagado sean hombres".
El informe ha trazado también un perfil del consumidor de prostitución que corresponde a un hombre, consumidor habitual de pornografía y que cumple "con todos los requisitos para ser considerado un machista en su percepción del mundo", según la consellera.
Ha destacado también que el hecho de que la prostitución lésbica sea inexistente "es la prueba de que estamos ante una institución donde convergen todas las injusticias y violencias contra la mujer. La prostitución supone un mecanismo de control social sobre la mujer y de dominación de una sexualidad masculina especialmente agresiva y humillante contra ella".
El corredor de la prostitución
El estudio ha observado también que la Comunitat Valenciana forma parte de lo que el catedrático Ariño ha definido como "el Corredor Mediterráneo de la Prostitución 2.0".
Así denuncia que esta se publicita en más de 52.000 anuncios de solo seis portales web que referencian más de 1.700 pisos que se suman a los 164 prostíbulos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen identificados como tales entre las tres provincias.
El sondeo realizado por el equipo dirigido por el catedrático de Derecho Penal de la UMH, Fernando Miró, revela que el 37,2 % de los 1.480 entrevistados para la realización de la encuesta acepta la prostitución. Si bien, prosigue, 7 de cada 10 entienden que, si pudieran elegir, las mujeres no elegirían ejercerla. Y otros 8 de cada 10 asumen que las víctimas de prostitución sufren abusos y no tienen control sobre la actividad que realizan.
Por grupos de edad, el que expresa más repulsa hacia la prostitución es el de los mayores de 65 años y el que más aceptación congrega es el de los adultos de entre 35 y 44, en el que solo el 36 % está en contra.
El problema invisible
Por otro lado, pese a que la prostitución callejera o en espacios públicos es la que más rechazo general congrega, (el 81 %) el porcentaje baja sensiblemente cuando se habla de prostitución en pisos o Internet, donde no es visible.
Tal y como ha explicado la consellera Bravo, estos datos revelan que "el sistema prostitucional ha conseguido que una parte importante de la sociedad crea que invisibilizar el problema es equivalente a resolver el problema".
Según la consellera de Justicia, "no podemos aceptar ser una sociedad democrática en la que hay mujeres que se ven obligadas a vender su cuerpo para poder sobrevivir". Por ello "hay que acabar con las posiciones regulacionistas y negacionistas desde el argumento constructivo y con los datos contrastados por estudios rigurosos como los que hemos presentado".
En su conclusión, la consellera ha reclamado "sumarnos a países como Suecia y Francia donde los resultados de las leyes abolicionistas han dado resultados muy positivos".