Los diputados de Compromís Mònica Álvaro y Silverio Tena han pedido a la Conselleria de Justicia que analice los casos de violencia sexual con sumisión química. Su demanda parte de este modo para poder así trabajar en medidas para erradicar "este tipo de violencia machista" ante el "preocupante aumento de uso de burundanga para agredir sexualmente a mujeres".

Álvaro, diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Políticas de Igualdad de género y LGTBI, y Tena, diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, lo han explicado así en una serie de preguntas dirigidas a la Conselleria de Justicia para analizar la información territorializada en la Comunidad Valenciana.

La propuesta de estos parlamentarios castellonenses parte de "los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del año 2020". Como indican en el comunicado que recoge Efe, este informe detalla 2.054 agresiones sexuales producidas en España. Y de estas, "en 685 de estos casos se hacen las pruebas toxicológicas ante la sospecha de que estas agresiones pudieron haberse producido con sumisión química".

¿Cuáles son los resultados de esas pruebas? Según Álvaro, "el resultado fue positivo en el 70 % de los casos analizados". Y un factor en el que hace hincapié sobre estas cifras es que "es importante destacar que estos datos son relativos a 2020, año en el que durante muchos meses la población se encontraba confinada".

Más casos

La preocupación de ambos representantes de Compromís es que el número de estos casos de violencia sexual con sumisión química son superiores a lo recogido por las estadísticas. De ahí que subrayen que, "según esta misma institución, la cifra es en realidad más alta puesto que en los últimos cinco años la estimación del Instituto determina que aproximadamente el 33 % de las agresiones sexuales son de este tipo", es decir, una de cada tres.

El propósito de Álvaro y Tena es saber el número exacto de casos de violencias sexuales con sumisión química que se han producido en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Una propuesta en la que alertan de otro problema, "teniendo en cuenta la dificultad que resulta evidenciar y probar este tipo de violencia".

Por ello han preguntado a la Conselleria sobre el procedimiento que se adopta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante posibles casos de violencia sexual con sumisión química. Y, además, si la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública tiene constancia de las derivaciones producidas a las posibles víctimas de violencia sexual con sumisión química para la realización de pruebas toxicológicas.