La promoción de la movilidad sin emisiones va más despacio de lo que marcaría la ley en Alicante. La aplicación de la ley de cambio climático y las Zonas de Bajas Emisiones tendría que estar en marcha para el inicio de 2023 en las ocho poblaciones de la provincia con más de 50.000 habitantes. Aunque ya hay medidas en marcha en ellas, la cercanía de las elecciones pesa en unas propuestas que temen puedan disgustar a los electores.
En Elche saben de lo complicado que es de presentar un cambio en las calles de la ciudad gobernada en coalición por PSPV y Compromís. La concejala Esther Díez reconoce que "es un elemento delicado, obviamente, cuando hablamos de movilidad porque cambiar los hábitos es un proceso complejo porque significa cambiar hábitos de la ciudadanía muy arraigados".
En Torrevieja las fuentes municipales conceden que al abordar esta cuestión "los ayuntamientos se presentan como la primera línea en la que se verán las cosas buenas y las que no son tanto de estas ordenanzas". "La cuestión que se pone entredicho es el gobernante municipal que lo aplica", señalan desde la ciudad gobernada por el PP.
Alicante, con el PP y Ciudadanos al mando, las fuentes del equipo de Gobierno se muestran contundentes al afirmar que "es un problema de todos los ayuntamientos de España, como ya hemos denunciado a través de la FEMP". De hecho, explican que desde la Federación Española de Municipios y Provincias estamos estudiando el posible recurso al Reglamento recién publicado que regula las Zonas de Bajas Emisiones porque hemos detectado que hay contradicciones importantes con la ley".
Y ahí tienen claro un culpable en esta cuestión: "El Gobierno de Sánchez ha hecho imposible que los Ayuntamientos pudiéramos cumplir los plazos. Ha sido absolutamente imposible hacer los planes sin el Reglamento, y este acaba de salir". Eso sí, como concluyen, "el objetivo es seguir avanzando".
Desde Benidorm, donde gobierna el PP, el concejal José Ramón González de Zárate también reclama esa prórroga para poder desarrollar sus proyectos: "Estamos igual que todos porque la subvención se ha dado tarde". Pero, añade que este tiempo extra es necesario "para los ciudadanos porque no se les han dado ayudas" para los cambios de vehículos. Unos sistemas de transporte que llegan con nuevas exigencias, como las necesidades de cargadores eléctricos rápidos "porque si son lentos no sirven y las ciudades no están preparadas".
Ese es un punto en común en todos los municipios, donde unos más y otros menos han ido transformando la ciudad durante este mandato. En Alcoi, por ejemplo, donde gobierna el PSPV, pueden presumir de haber conseguido un premio en la Semana Europea de Movilidad que otorgaba la Generalitat Valenciana.
El vicealcalde de Alcoy, Jordi Martínez, siente que han "tenido suerte" al abordar este reto por el trabajo de dos años para peatonalizar una zona del casco histórico. "Creamos una ordenanza y unas medidas que tuvieron, por supuesto, la repercusión con el vecindario porque había quien no quería, pero hoy por hoy ya tenemos una parte", explica. Y con ella consiguieron también revitalizar un área ya que, como indica, se han abierto nuevos negocios.
Díez, que valora el éxito de Elche en una destacada vía comercial como la Corredora, recuerda que las ZBE "van más allá de la peatonalización de una calle porque tiene una afectación global sobre la ciudad". Y ahí incide en que "la movilidad sostenible es la principal herramienta que tenemos para luchar contra la contaminación ambiental", pero que "en Elche no hay datos de contaminación que sean preocupantes. No estamos en los niveles de una gran ciudad como puede ser Barcelona o Madrid. Y por tanto no creo que se den situaciones en las que haya que aplicar una restricción como tal de tráfico".
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