Habrá Gay Games en Valencia para el 2026. Así de contundente se muestra el director general de Diversidad, Stephane Soriano, tras la crisis por el enfrentamiento entre las principales asociaciones LGTBI y el Ayuntamiento. Una noticia que llega cuando los organizadores de estas pruebas deportivas han avalado su continuidad pese a retirada de estos colectivos. "Llamar al boicot cuando se pretende fomentar la diversidad es un error", afirma el responsable de esta área en la Generalitat en entrevista a EL ESPAÑOL.

Mayo y junio son los meses en los que las reivindicaciones de los colectivos LGTBI son más visibles ya que se celebran el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia y el Día Internacional del Orgullo LGTB. Y en este periodo es cuando ha estallado la primera gran crisis que tiene que afrontar Stephane Soriano.

La organización de estos juegos, como puntualiza, es una materia dependiente del Ayuntamiento de Valencia, "que ha dejado claro que lo hará". Soriano también hace referencia al comunicado emitido por los organizadores "que lamenta que algunas entidades hayan decidido no apoyar los Gay Games, pero sigue apostando por la celebración y manifiesta el buen trabajo que se está haciendo en el Ayuntamiento". 

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Soriano reitera que esta competición es un tema local. "La Generalitat poco tiene que decir cuando cuatro entidades, por una decisión municipal, deciden retirarse de ese proyecto y he leído que incluso llaman al boicot". Y pese a rechazar esta postura, recuerda que a estas entidades "hay que reconocerles el trabajo que han estado haciendo, no solo en estos años, sino también en la consecución de los Gay Games".

Desde el despacho de la dirección territorial de su área en Alicante, Soriano señala que el conflicto se inicia "cuando un colectivo plantea tres fechas a un ayuntamiento: el 15, el 22 y el 29". En la recapitulación de los hechos vividos en estas últimas semanas, indica que la respuesta municipal apuesta por la segunda, con la "manifestación y vuestra fiesta en la plaza del ayuntamiento".

Al reproducir el diálogo entre ambas partes, el director apunta que Lambda, "el colectivo que lo organiza tradicionalmente, dice que queremos superar decibelios. Y el Ayuntamiento: 'la ordenanza no lo permite'. 'Pues haced una excepción'. Y la concejala dice que la ordenanza es la que es: 'si quieren hacer una fiesta que supere decibelios, planteen otras ubicaciones'. 'No, queremos la plaza del Ayuntamiento'".

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En esa negociación, según el director general, se ofrecen varias alternativas, como la Ciutat de les Arts y la plaza de toros, "pidiendo una excepción a la Diputación". A ambas, "dijeron que no".

El 15 de mayo las tres asociaciones LGTBI implicadas ofrecen una rueda de prensa en la que acusan a la Generalitat de "amenazas e injerencias". Soriano recuerda que estas "gestionan un servicio público como Orienta y Armario de la memoria y además una serie de subvenciones. Y yo estoy viendo el destino del dinero público y de las justificaciones porque me dicen que hay parte de justificaciones que no son adecuadas".

El director general señala un caso concreto: "No se puede justificar con dinero público un despido improcedente por 22.000 euros". Y al abordar esto, razona que lo que hace es plantear "cuestiones de un funcionamiento normal administrativo. Pero no solo a Lambda, a multitud de entidades dentro de toda la diversidad".

"Me podrían acusar de algo si yo estuviera centrado en una entidad de un tipo de diversidad, pero no es cierto", prosigue. "La fiscalidad del dinero público es una cosa que estamos haciendo en toda la diversidad. Creo que es algo que no se puede achacar a un dirigente político que miremos a qué se destina el dinero público". De ahí que concluya que "si hubieran visto pasos de otra forma por mi parte como director general, podría entender el alboroto que hay".