PSOE, Compromís y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en cómo revertir el hospital de Torrevieja. El principal problema es el limbo laboral en el que quedarán 1.800 trabajadores de la comarca alicantina, actualmente empleados por la concesionaria Ribera Salud. Y después vendrán los resultados: de ser el hospital con mejores ratios asistenciales, a la multiplicación de los problemas que ya está habiendo en la Ribera valenciana.
El PSOE ha descartado por activa y por pasiva volver al modelo de reversión de Alzira, que ante los trabajadores calificaron de desastre. Y nacionalistas y podemitas alaban ese modelo frente a la creación de una empresa pública.
Así las cosas, será el Pleno del Consell, con representantes de los tres partidos, el que decida qué se hace en un horizonte de menos de cinco meses, ya que el contrato sin prórroga de Ribera Salud finaliza el 15 de octubre.
El debate
El PSPV ha considerado que la creación de una empresa pública es "una buena fórmula", porque no puede ser que de la noche a la mañana se incorporen a la función pública 1.400 personas que entraron a trabajar en una empresa privada y "no han accedido a la función pública con igualdad, mérito y capacidad".
El síndic socialista, Manolo Mata, ha defendido que crear esa empresa pública supone "una garantía para los trabajadores, porque están en el marco público y tienen los derechos que tienen los trabajadores laborales en el sector público", y se ha mostrado convencido que de aquí a octubre habrá una solución.
Según Mata, si se hiciera esa incorporación directa se perjudicaría la entrada de nuevos sanitarios en el sector público, "porque hay blocajes a la incorporación de nueva gente, la tasa de reposición saltaría por los aires y no podría incorporar a jóvenes que han acabado la carrera y el MIR, porque no tendríamos esas plazas en la función pública".
Tibieza
El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que "la mejor opción" para que en octubre se produzca la reversión de Torrevieja es que se aplique el modelo seguido en Alzira, porque eso garantizará que el proceso "se hará bien", como se hizo entonces, y además ha instado a que se agoten las vías de negociación colectiva.
"De momento, nadie nos ha ofrecido una propuesta mejor a ese modelo de reversión", ha afirmado Ferri, quien ha indicado que podrían ver bien que la empresa pública se acotara a determinados servicios, pero no quieren "trampas".
Como ya informó este diario, según la propia ley aprobada por PSOE-Compromís en 2018, la reversión sólo puede hacerse mediante el modelo Alzira: situar a los trabajadores al estatus de "personal laboral en extinción". De hecho, el modelo de reversión está siendo investigado por el Tribunal Supremo.
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha reiterado que defienden la vía del modelo de Alzira, "y eso significa gestión directa al cien por cien", por lo que no están de acuerdo con la creación de una empresa pública de salud, de manera que ha alertado de que "no cuenten" con su formación política para ello.
A juicio de Lima, crear esa empresa pública no supone "fortalecer" la sanidad pública ni a sus profesionales, por lo que ha reclamado que se sigan "los mismos pasos" que en la reversión de Alzira y que el Consell tenga "una voz única exigiendo el modelo de la gestión pública directa al cien por cien".
Chapuza
Desde el PP, Eva Ortiz, esto "es una chapuza en mayúsculas, negrita y subrayado", y ha considerado que no tiene sentido que la decisión se tome "en contra de los sindicatos de trabajadores y de la comunidad científica", y menos que se haga sin acuerdo entre los socios de Gobierno.
"No es posible que ni siquiera el Gobierno del Botánico no esté de acuerdo ni mantengan conversaciones para llegar a un punto de acuerdo", ha manifestado Ortiz, quien ha indicado que la reversión de Torrevieja está sobre la mesa desde hace mucho tiempo y "ahora deprisa y corriendo, y parece ser que sin acuerdo, quieren llevar al pleno del Consell algo que es una auténtica chapuza".
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de "error" el formato de la empresa pública y ha afirmado que su grupo se posiciona "del lado de los trabajadores", que, según ha dicho, "no quieren acabar dentro de una empresa que, al final, no va a ser una verdadera gestión directa, porque no supone integrarse en la sanidad valenciana, sino que es algo intermedio".
"No es lo que les prometía la Conselleria de integrarse en sanidad pública", ha denunciado Merino, quien ha advertido de que esta fórmula pondrá "piedras en la competitividad de la sanidad de la Comunitat Valenciana", ya que impedirá "que vengan sanitarios y profesionales de otras comunidades" y "propiciará que el talento huya".