Vuelven las restricciones generalizadas a la libertad de movimientos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y sus visitantes. Lo hacen en la punta de la "temporada alta" turística, cuando hoteleros, hosteleros y el sector del ocio trataban de recuperarse de las rigurosas medidas adoptadas del invierno y primavera. Hasta tal punto que la política aplicada por el socialista Ximo Puig va a producir situaciones esperpénticas.
Una de las más absurdas se va a dar desde el próximo lunes 26 de julio al 16 de agosto, en la zona turística por antonomasia de la comarca de la capital de la provincia. Una línea imaginaria separará lo prohibido de lo permitido en la octava playa de España, los seis kilómetros que comprenden la playa de San Juan (En Alicante) y la de Muchavista (El Campello).
Durante décadas, la única diferencia entre quienes se alojan en uno u otro lado de esa nueva "frontera virtual", ha consistido en dónde se pagaban los impuestos. A partir del lunes, se podrá pasear, correr o quedar en la playa, hasta 10 o más personas en los apartamentos veraniegos de 1 a 6 de la mañana. Pero sólo en la mitad de ese litoral.
El doble edificio Tobago marca la separación entre ambos municipios después de que se retirase un cartel indicativo.
En los 3.300 metros de Muchavista la libertad será total. En los 2.900 metros de San Juan los derechos de los ciudadanos se verán coartados por las medidas aprobadas por el TSJCV a propuesta del Gobierno autonómico.
La simbiosis en la zona es total, así que aunque por la noche unos tengan libertad y otros confinamiento domiciliario, durante el resto de las 18 horas de la jornada los contactos serán continuos. En la extensa zona de playa se compra, se toma el aperitivo, se come, se pasea o se hace deporte en cualquier sitio, independientemente del municipio al que pertenezca.
Se trata de la octava playa de España si se considera, como lo hace quien allí reside, como una unidad -geográficamente lo es-. Delante de ella sólo se sitúan por extensión las playas de Castilla, Nueva Umbría y Mazagón en Huelva; la playa de Cofete, en Fuerteventura; la playa Carnota, en A Coruña; la playa de La Barrosa, en Cádiz; y la playa de Sant Pere Pescador, en Girona.
Uno de los problemas para ambos municipios será precisamente cómo controlar el cumplimiento de esas normas. Bastará con cruzar esa línea para poder vivir con normalidad unas vacaciones veraniegas. Porque, ¿van a controlar las policías locales dónde reside cada persona a la que se le pida la documentación? ¿Y si están invitados a pernoctar al otro lado del 'muro' virtual? ¿Cómo se determina quién reside a un lado u otro de esa línea fronteriza?
Vacunar a los jóvenes
Ambos municipios están gobernados por alcaldes del PP. Alicante, por Luis Barcala, y El Campello, por Juanjo Berenguer. Y como el resto de primeros ediles populares están bastante molestos con el modo en que se está gestionando esta quinta ola de la pandemia.
La opinión generalizada en el PP es que antes de confinar a la población en sus domicilios, aunque sea unas horas por la noche, la Conselleria de Sanidad debería haber mantenido los contratos de los sanitarios de refuerzo a los que despidió.
Y respecto a los jóvenes, si son el segmento poblacional del que dependen la mayoría de los principales contagios, se debería haber comenzado su vacunación antes de "criminalizarlos" al tiempo que se castiga a hoteleros, hosteleros o el sector del ocio por una responsabilidad que no depende de ellos.