La lucha contra la despoblación rural en la Comunidad Valenciana choca con la banda ancha
Alicante es una de las provincias con peor cobertura en el acceso a internet de alta velocidad, lo que perjudica la promoción del teletrabajo.
7 septiembre, 2021 01:11Noticias relacionadas
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Valencia y Alicante son dos de las provincias españolas con peor cobertura de banda ancha. Tras León, la provincia de Valencia tiene 18.471 zonas blancas o grises, esto es, sin cobertura ni previsiones o con una previsión de dotación de no más de tres años, respectivamente, lo que afecta a 82.496 unidades inmobiliarias que presentan una cobertura de internet deficiente o directamente no tienen. Según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en tercer lugar está Asturias (65.947 unidades) y en cuarto, a poca distancia, Alicante, con 17.974 zonas blancas o grises que perjudican a 65.708 inmobiliarias.
A la mala cobertura, que se repite, sobre todo, en zonas rurales, hay que sumarle la escasa velocidad de Internet. Como ha venido denunciando Compromís, el denominado servicio universal en los pueblos apartados de las ciudades especifica una velocidad mínima en sentido descendente para redes de banda ancha de solo 1 Mbps, porque así viene especificado en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014.
Este contexto negativo se produce en un momento en el que se confirma que la Comunitat Valenciana es de las más afectadas por la despoblación rural. Según el informe anual del Banco de España, publicado este 2021 en alusión al año anterior, el 23,4% de los municipios valencianos (127 de 542), está en riesgo desaparecer por falta de población.
Castellón es la provincia que concentra municipios más afectados, 60, seguido de Valencia, con 52 y Alicante, con 15 localidades. Esta situación no solo se explica por el envejecimiento de la población; sino que el diagnóstico apunta a que, entre otros factores, la ausencia de Internet o un Internet deficiente es un motivo principal para que el urbanita no dé el paso a establecerse en una zona de interior.
Con la tendencia al alza del teletrabajo en una época de pandemia en la que una parte de la sociedad está más predispuesta a mudarse a entornos naturales alejados de la ciudad, el éxodo al campo se queda en quimera si no van de la mano de las nuevas tecnologías.
Proposición de Ley
Es por ello por lo que el senador por Compromís, Carles Mulet, va a anunciar este martes la presentación de la proposición de Ley para fijar un mínimo de 100 Mbps de velocidad en sentido descendente para redes de banda ancha. "Esta medida es especialmente importante no sólo para evitar una mayor despoblación de las zonas rurales, sino también para atraer y fijar nueva población en ellas, de tal suerte que sus personas físicas y jurídicas puedan desarrollar con normalidad las actividades que actualmente permiten las Tecnologías de la Información en los grandes núcleos urbanos", reza la propuesta firmada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).
Para Mulet, la “dura realidad” a la que se enfrentan negocios relacionados con el turismo, la agroalimentación, autónomos y emprendedores en el mundo rural debe contar con el apoyo de la Administración General del Estado y de todo su cuerpo normativo.
Con respecto a los problemas de cobertura de la banda ancha, el Gobierno de España anunció en junio que tenía previsto dotar con 250 millones de euros la primera convocatoria del programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) con la meta puesta en alcanzar una cobertura del 100% de la población del país "con redes ultrarrápidas e impulsar de esta manera la cohesión territorial en el 2025".
Becarios rurales
Por otro lado, la Universidad de Alicante (UA) anunció este lunes que iba a impulsar un plan piloto "con objeto de promover la dinamización económica y social del entorno rural" a través de desarrollar las opciones de empleabilidad en entornos rurales e impulsar la realización de prácticas de estudiantes universitarios en ayuntamientos, empresas o asociaciones a través de proyectos formativos que responden a las necesidades concretas del territorio.
Nuria Grané, delegada de la rectora para el Centro de Empleo de la UA que “sin duda, una de las preocupaciones que existen en la sociedad es la despoblación de las zonas rurales y una de las causas es la falta de opciones laborales”. En este sentido, Grané apunta que “desde la universidad se puede contribuir a paliar esta problemática a través de la dinamización económica y social del entorno rural que es en lo que precisamente se centra esta iniciativa promovida por la Universidad de Alicante”.
El plan piloto cuenta con trece estudiantes de diferentes titulaciones que realizan prácticas en ayuntamientos, empresas o asociaciones de entornos rurales, las cuales son muy variadas y van desde diseño y traducciones de páginas web al inglés hasta el diseño, cálculo y validación estructural de cimentaciones especiales para instalaciones flotantes solares en la empresa Isigenere de Beneixama
En Alfafara, por ejemplo, el proyecto se centra en el diseño y puesta en marcha de un plan de concienciación ambiental y reciclaje para los habitantes y visitantes del pueblo y en Castalla las prácticas servirán para diseñar un programa piloto de recogida y una campaña de sensibilización ciudadana, mientras que en la empresa Rontonar Aceites el proyecto se centra en el control y clasificación de la biodiversidad en las parcelas agrícolas y el cálculo de la biodiversidad en los cultivos sin la utilización de productos químicos de síntesis.
En clave de turismo de interior, las prácticas servirán para realizar y fomentar diversas rutas de senderismo, realizar mejoras en la señalización de las rutas y mejorar la accesibilidad de la Serra de Mariola. En la Fundación Santa María la Real, el proyecto se centra en el diseño y redacción de propuestas y apoyo a la ejecución de proyectos europeos de I+D+I y la comunicación intercultural y el lenguaje específico de los proyectos colaborativos europeos: creación de consorcios, desarrollo de propuestas, gestión e implementación de proyectos y la elaboración de documentación en inglés como lengua final de presentación.