En pleno repunte de la pandemia por Covid-19, la gestión de la tercera dosis para el personal sanitario en la Comunidad Valenciana está generando más incertidumbre que confianza entre médicos, enfermeras, auxiliares y celadores. Sobre todo en algunas zonas de la región donde se siguen criterios diferentes al resto.
Esta situación se produce cuando la Comunidad Valenciana lidera el número de profesionales contagiados (379 computados ayer)y en un momento en el que los tribunales han decidido investigar la falta de protección del personal durante la primera ola de covid.
El recelo está creciendo entre los colectivos a los que se les ha enviado por el requerimiento de la tercera vacuna explicándoles que se les inoculará "siempre que hayan pasado 6 meses desde la última dosis" e "independientemente de haber pasado el COVID o no".
Según esta comunicación la tercera vacuna "estará disponible con las dosis de Pfizer y Moderna", pero para "quienes quieran Moderna la vacunación estará disponible a partir del 7 de diciembre" en lugar del día 1, como la de Pfizer.
Además, a esto se une el hecho de que en algunos centros, sobre todo en Castellón, se está poniendo sólo la mitad de una dosis de Moderna, es decir, el 25% de la vacuna completa como tercera dosis de refuerzo.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF de Castellón se emitió un comunicado a principios de semana denunciando "la nueva improvisación por parte de la Conselleria de Sanidad en relación al inminente inicio de la campaña de vacunación al personal sanitario".
Expresaban su sorpresa por no poder elegir marca: "A pesar de que el colectivo sanitario fue vacunado previamente con dos dosis de Pfizer, “en la orden para inocularles esta tercera dosis se establece que el producto a inyectar será, esta ocasión, de Moderna”.
Tres días después el mismo sindicato anunciaba el plante: “Ante la falta absoluta de información y la improvisación con la que ha arrancado esta campaña, el personal sanitario de diferentes departamentos de salud de la provincia de Castellón, tanto en la capital de La Plana como en localidades limítrofes como Vila-real, ha decidido de manera unánime posponer la administración de las vacunas”.
Y todo esto en la Sanidad Pública, porque en la privada vuelve a haber problemas para vacunar al personal. Algo que ya ocurrió a principios de año y tuvieron que ser los tribunales quienes obligasen a Sanidad a tratar con equidad a todos los profesionales.
Desde el PP, el diputado autonómico José Juan Zaplana, ya ha formulado varias preguntas a la consellera Ana Barceló a este respecto:"Hemos solicitado todos los informes que avalen y los responsables en la toma de las decisiones de porque el distinto criterio y la falta de información a los sanitarios".
Además, Zaplana aseguró no entender "que la única cosa que genera ciertas garantías ante este virus que es la vacunación se convierta en un nuevo capítulo de incertidumbre e improvisación del gobierno valenciano". "No queremos pensar que se está gestionando por existencias y por caducidad de las vacunas y no por evidencias científicas", añadió.
Incertidumbre
Esta situación se produce al tiempo en que una web especializada, redaccionmedica.com, se hacía eco de una entrevista en Financial Times, del presidente de Moderna, Stéfane Bancel, consideraba que con la variante 'ómicron' "no hay posibilidad de que la efectividad siga en el mismo nivel que hemos tenido con Delta. Creo que va a haber una caída sustancial".
Y en el resto de provincias la incertidumbre entre el personal sanitario también aumenta cada día. Al despido de varios centenares de rastreadores en plena nueva ola de contagios se une el hecho de que en la Comunidad sólo se hacen pruebas sobre "cepas" en tres centros: el Clínico de Valencia, la Fe y el General de Elche.
Todos los datos sobre posibles trasmisiones comunitarias de 'ómicron' se harán mediante extrapolación estadística, como se hizo con la variante 'delta', por lo que si el virus entre en la Comunidad no será detectado hasta llegar a Valencia o a Elche.