La reversión del Departamento de Salud de Torrevieja (hospital y centros de salud) que se produjo el 15 de octubre pese a la concesionaria, Ribera Salud, pidió una prórroga de cinco años, es más cara e ineficiente que el mantenimiento de la colaboración público-privada.

Así lo afirma la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa al 80% del sector de la provisión sanitaria, quien rechaza las afirmaciones que, desde la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana "pretenden desprestigiar la gestión concesional del departamento".

La patronal de la medicina privada acusa a la consellera socialista Ana Barceló de "incurrir nuevamente en una intencionalidad únicamente ideológica" cuando habla de “un modelo de gestión fracasado, ignorando las propias auditorías públicas de la Administración valenciana que avalan la viabilidad del Departamento de Salud de Torrevieja hasta la fecha señalada".

Desde ASPE afirman que "con el fin de trasladar a la opinión pública una idea de ineficiencia de la concesión, se llega por ejemplo a afirmar que las bajas listas de espera quirúrgicas del Hospital de Torrevieja se explican por el gran volumen de derivaciones realizadas".

Por el contrario, y según las conclusiones de la auditoría de la propia Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, "el número de derivaciones (episodios de hospitalización de población protegida del Departamento de Salud Torrevieja en departamentos de salud ajenos) por cada 100.000 habitantes es inferior a la media de la Comunidad Valenciana".

Recuerdan asimismo que en el mismo informe se asegura que "el número de hospitalizaciones derivadas con origen en Torrevieja es muy inferior a la media que realizan los departamentos de su mismo grupo e incluso de los hospitales de referencia”.

Como ha venido informando este diario las derivaciones a otras clínicas y hospitales privados se han multiplicado después de la reversión a la sanidad pública desde el pasado mes de octubre. 75 derivaciones diarias.

Facturación

Además, haciéndose eco del informe de Compas (Compensación intercentros y control financiero de las concesiones) de la Conselleria de Sanidad, "Torrevieja es la concesión con menor facturación en contra, y que por tanto más tiene fidelizados a sus pacientes, y menos derivaciones realiza".

Por otro lado, y en términos económicos, ese mismo informe establece que el Departamento de Salud de Torrevieja es el más eficiente de todos los de la Generalitat Valenciana: “La asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja, en los términos recogidos en el contrato, supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales".

Esto implica "un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública de este tipo”. Y cuantifica ese 30% en un ahorro para la administración valenciana producido por el Departamento de Salud de Torrevieja en 45.092.381 euros anuales, lo que en 15 años de concesión equivaldría a 676.385.715 euros.

Listas de espera

Aspe explica también que frente a la incorrección de que en los departamentos de salud gestionados por la pública se cuentan los pacientes en lista de espera desde que el facultativo pide su intervención y en los de gestión concesional no se incluyen hasta que tienen una fecha de operación ya cerrada, el grupo hospitalario Ribera Salud cuenta la demora desde el momento en el que el médico diagnostica la necesidad de una intervención.

Así, en el sistema público de gestión directa, en cambio, se diferencia entre lista

de espera estructural -los que ya tienen el visto bueno del anestesista-, y la lista pasiva -los que han rechazado la operación por diferentes motivos-.

La patronal lamenta que, "una vez más, desde un órgano de gobernanza público se trate de justificar a toda costa la no renovación de una concesión sanitaria pese a su demostrada eficiencia, faltando al principio de transparencia y, en este caso, y de forma sistemática, a los propios informes oficiales y auditorías de la Generalitat valenciana. 

"Las medidas de carácter ideológico que no tienen en cuenta los datos ni la

satisfacción de los pacientes hacen insostenible cualquier sistema de salud”,

ha afirmado el presidente de ASPE, Carlos Rus. “Nos vemos en la obligación de exigir

transparencia y veracidad a todos aquellos que, desde la responsabilidad que exige cualquier cargo público y de gestión sanitaria, lanzan acusaciones infundadas frente a la colaboración público-privada regulada en la legislación vigente y común en todos los países de nuestro entorno europeo”, añade.

Y ponen como ejemplo el caso Hospital de La Ribera de Alzira, precedente en esta misma comunidad autónoma. Recuerdan que un año después de la reversión a la gestión pública directa, un informe con datos contrastados y publicados por

la propia Conselleria de Salud constata los resultados adversos de esta operación.

En el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalitat Valenciana, demuestra que la reversión ha generado un sobrecoste de más de 76 millones de euros. Además se han triplicado las listas de espera y a ello hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y un aumento significativo de la conflictividad laboral, con un incremento del 64% de absentismo.

Adicionalmente, el gasto en material sanitario y de farmacia se ha incrementado un 39%, habiendo facturas que demuestran que hay proveedores que por el mismo producto llegan a duplicar el precio que cobran a la Conselleria frente a lo que cobraban a la concesionaria Ribera Salud.