Macrooperación de la Guardia Civil contra una organización criminal dedicada a introducir hachís en España por vía marítima, procedente del norte de África. En la operación “Uleyla y Mar 21” se han llevado a cabo 26 detenciones por los delitos de contrabando, tráfico de drogas, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones se iniciaron hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible botadura de una embarcación de alta velocidad, de las que habitualmente utilizan las bandas de narcotraficantes, desde las costasnorteafricanas con destino a un puerto de la costa de Alicante.
Las primeras investigaciones pusieron a los agentes tras la pista de dos empleados de un puerto deportivo alicantino, que según se ha podido constatar, ofrecían seguridad a la organización aprovechando su jornada laboral. En concreto, según ha podido saber EL ESPAÑOL De Alicante de fuentes conocedoras del caso, se trataría del puerto deportivo de Guardamar del Segura, al sur de la capital de provincia.
Un instante de la operación.
De hecho, durante una botadura de una narcolancha en dicho puerto, los presuntos autores que estaban siendo vigilados huyeron del lugar en un vehículo a toda velocidad, arrasando con el vallado de las instalaciones y dañando varios vehículos que había estacionados en la zona.
En el mes de junio de 2021, los investigadores interceptaron un tráiler equipado con un doble fondo, al que se accedía mediante un sofisticado sistema hidráulico de apertura.
Días después, se logró frustrar una nueva botadura de otra narcolancha, que la banda pretendía llevar a cabo en la playa de El Pinet, en la pedanía ilicitana de La Marina, valiéndose de un tractor agrícola, un remolque ligero y un camión pluma.
En esta ocasión, el transporte de la embarcación fue interceptado por los agentes a escasos metros del punto de botadura, interviniendo una embarcación de 12 metros de eslora y con 700 caballos de potencia. La Guardia Civil detuvo en ese momento al conductor del transporte y a su acompañante.
En un momento de la investigación, los agentes impidieron que el grupo llevase a cabo dos alijos en las playas de la costa de Almería, en los que fueron intervenidos en total 47 fardos de hachís. Uno de ellos en la localidad de San Juan de los Terreros, mediante una embarcación de alta velocidad, y el otro en Mojácar, usando una embarcación recreativa. Tras varios meses de investigaciones, se ha llevado a cabo la última fase de explotación de estas dos operaciones.
26 detenidos
Se ha detenido a 26 personas, en las provincias de Almería, Alicante y Murcia: en las localidades almerienses de Macael, Olula del Río, Níjar, Carboneras, Mojácar y Pulpí; en las localidades alicantinas de Torrevieja, Guardamar de Segura y Orihuela; y en San Javier (Región de Murcia).
Uno de los detenidos.
Se han realizado 9 registros en la provincia de Almería. Han sido intervenidos 30.000 euros, 2 vehículos, 2 embarcaciones, 3 armas de fuego cortas con numerosa munición, 3 pistolas eléctricas tipo Taser, un fusil de asalto AK municionado, 2 hélices para motores náuticos de alta potencia, y numerosos dispositivos de navegación y comunicación por satélite. Además, se han incautado 1.500 kilogramos de hachís, varias dosis de cocaína, y los elementos necesarios para la preparación y venta al menudeo de la droga.
El fusil de asalto fue intervenido en una de las actuaciones llevadas a cabo, cuando dos de los detenidos trataron de huir en un todoterreno, impactando contra uno de los vehículos oficiales que quedó volcado en plena Playa de Sopalmo en Almería, así como la embarcación recreativa que emplearon en dicho alijo, la cual no dudaron en encallar en la orilla.
Paralelamente a la investigación por narcotráfico y organización criminal, se desarrolló una investigación patrimonial, obteniendo multitud de indicios que vincula a la organización con el delito de blanqueo de capitales.
Entramado empresarial
El pasado mes de mayo de 2022 se han dado por finalizadas sendas operaciones, con la fiscalización de 236 cuentas bancarias. La banda creó un entramado empresarial, adquiriendo empresas solventes. Después, bajo el nombre de estas empresas, adquirían bienes para uso de la actividad criminal.
El dinero obtenido con la actividad ilícita, era exportado a paraísos fiscales mediante pagarés millonarios, sirviéndose de testaferros o incluso de sus propios familiares. Posteriormente, el dinero era blanqueado invirtiendo en Fundaciones en Sudamérica, dificultando así el rastro económico.
La operación ha sido desarrollada por Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de Alicante y el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico de Andalucía (OCON SUR), que han contado con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) y el Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Purchena (Almería).