El equipo de Gobierno de la ciudad de Alicante, integrado por los grupos popular y de Ciudadanos (Cs), ha exigido al Consell de la Generalitat Valenciana que cumpla "de inmediato" la normativa de la propia Conselleria de Sanidad y dote a todas las ambulancias del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) de los médicos necesarios para cubrir las 24 horas de atención, tras la muerte de un paciente hace una semana.
En una declaración institucional de cara al pleno del mes de julio, el Ejecutivo municipal también reclama la convocatoria de urgencia de los cursos de acreditación necesarios para que todos los facultativos adscritos a este servicio tengan la titulación requerida y necesaria.
Así como la paralización del traslado a Valencia del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la descentralización de los Servicios de Emergencias Sanitarias (SES).
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La declaración institucional del equipo de Gobierno recuerda que la "práctica totalidad" de los sindicatos criticaron el hecho de que numerosas ambulancias SAMU de la Comunidad Valenciana operaron sin médico durante el primer fin de semana de julio, en pleno arranque de la temporada alta.
Y recalca que el Consejo de Colegios de Médicos de las tres provincias ha expresado su "rechazo e indignación" a las declaraciones del Conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, en las que afirmaba que las enfermeras, junto con un conductor específico, están "capacitadas plenamente para llevar la SAMU".
El órgano colegial replicó en su día al conseller que, si las ambulancias no cuentan con un médico, “dejan de ser un SAMU porque incumplen la dotación específica que deben tener estos equipos”.
"La problemática viene de largo", sostiene el Ejecutivo municipal, "cuando, pese a la denuncia y exigencia de sindicatos y colegios, desde el año 2020 no se han convocado los cursos de acreditación imprescindibles para incorporar a este servicio a nuevos profesionales".
La declaración institucional vincula este "incumplimiento" de la dotación de los SAMU con el desmantelamiento del SES y los CICU de las provincias de Alicante y Castellón, "que están provocando una descoordinación a todos los niveles" en la atención sanitaria de la Generalitat, también mermada por el despido de 6.600 sanitarios de los "refuerzos covid" el pasado 1 de mayo y por la ejecución del plan de sustituciones del personal por el verano.
"Esta situación está ocasionando un riesgo para la población en general", argumenta el equipo de Gobierno, "que se multiplica en nuestra Comunidad con motivo de los meses estivales y una tensión añadida hacia nuestros profesionales sanitarios, que se encuentran con una escasez de personal muy importante por la falta de diligencia del gobierno de Ximo Puig en la organización de las vacaciones".