La Constitución Española reconoce en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud y desde el año 1986 en que se promulgó la Ley General de Sanidad, en su artículo 10 se regula el derecho a elegir el médico y los demás sanitarios titulados. La traslación de este derecho en ley se produjo en la Comunidad Valenciana en 2003, que fue regulada por decreto en 2006.
Regulado ese derecho nuevamente en el ámbito autonómico en 2014, en mayo de 2015 se promulgó un nuevo decreto para su regulación que establecía que "todos los usuarios y pacientes del Sistema Valenciano de Salud, tanto en atención primaria como especializada, tienen el derecho a elegir médico e igualmente centro después de una adecuada información, con arreglo a los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente".
No obstante, esto que parecía superado ya en tiempos del último gobierno autonómico del PP, el de Alberto Fabra, parece no aplicarse en estos términos durante los últimos años en que gobierna el Botánico de PSPV-Compromís-Unidas Podemos. Y es que la Conselleria de Sanidad ha reconocido tras una pregunta parlamentaria del grupo popular en las Cortes Valencianas que casi 15.000 solicitudes han sido denegadas en los últimos cuatro años.
Concretamente se trata de 14.874 casos durante la presente legislatura: 4.525 en 2019, 2.755 en 2020 (año de las más letales olas de la pandemia por Covid-19), 3.762 casos en 2021, y 3.822 casos en 2022. Lo que no explica la Conselleria en su respuesta parlamentaria son las razones de la denegación de solicitudes.
Y es que el formulario recoge varias opciones: desplazamiento temporal por 6 meses o cercanía al lugar de trabajo, aunque el decreto reconozca la posibilidad de "elegir cualquier médico o servicio de atención especializada de los departamentos de salud en los que se ordena el Sistema Valenciano de Salud, con independencia del departamento de salud que tenga asignado (ampliado a todas las especialidades".
La legislación es nítida a la hora de exponer su espíritu:" Transcurridos nueve años desde la regulación del derecho (...) se ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar una nueva normativa, en aras a dar una mejor respuesta a las necesidades actuales del ciudadano, de manera que se permita una mayor participación en todos los asuntos relacionados con su salud y se garantice una asistencia sanitaria orientada a la calidad y seguridad asistencial, así como a los requerimientos legales estatales y europeos".
El diputado popular José Juan Zaplana asegura que "el PP apostó por la libertad de los ciudadanos y cuatro años después observamos que crecen las peticiones que son denegadas, algo que no beneficia ni a los pacientes que tiene sus derecho ni a los sanitarios que son reconocidos por su trabajo con pocas solicitudes de cambio por la satisfacción de sus usuarios".
Por departamentos
En la respuesta parlamentaria la Conselleria de Sanidad expone como los departamentos del Hospital General y La Fe en Valencia y el General de Alicante y Sant Joan, en la provincia, son donde se han producido más solicitudes denegadas.
Así, el General de Valencia llegó hasta las 713 peticiones denegadas en 2021 y más de 600 en 2019 y 2022. La Fe, con 401 en 2019 ha bajado hasta las 351 solicitudes denegadas en 2022, mientras que Sant Joan ha bajado de las 519 en 2019 a las 322 en 2022. Y el General de Alicante que estaba por debajo de 400 solicitudes denegadas a principios del mandato ha superado esa cifra este año.
En el caso de los departamentos en los que se han producido reversiones, destaca que la Ribera tuvo más de 200 peticiones en 2019 que se han ido reduciendo con los años, mientras Torrevieja ha aumentado de las 177 en 2019 a las 196 en 2022.