Hace un año, el sindicato ACAIP-UGT denunció que en el centro penitenciario Alicante Cumplimiento (Fontcalent) sólo había tres de los siete médicos con plaza para una población reclusa de 800 internos. A día de hoy, ya sólo queda uno en activo y hay seis vacantes, las mismas que en Villena. En el Psiquiátrico hay cinco vacantes. Todos los centros de la provincia tienen una sobresaturación del 130% de internos sobre su capacidad.
La situación de los tres centros penitenciarios de la provincia no es única. Según el mismo sindicato hay un déficit de médicos en toda España del 66,8% ya que de 525 plazas faltan 351 por cubrir, según la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) publicada este año.
En Aranjuez, con dos médicos para atender a una población reclusa de 1.700 personas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid ha dictado ya nueve autos reprochando al Ministerio del Interior la situación insostenible de la sanidad penitenciaria. Un ratio parecido al de Alicante, dividido en dos centros (sin contar el Psiquiátrico).
Según explica Joaquín Leyva, de ACAIP-UGT, "no se está afrontando la situación de una forma seria, sólo con parches. Este verano salieron 40 plazas de médicos porque había 40 interinos y cuando se cubrieron se despidió a los interinos, por lo que seguimos con el mismo número de facultativos".
Leyva cree que se está dejando "morir" a la sanidad penitenciaria por razones que se le escapan. Y recuerda que en 2003, con la probación de la Ley de Cohesión Sanitaria, se dio un plazo de 18 meses para transferir las competencias a las comunidades autónomas y en 20 años sólo se ha hecho en País Vasco, Cataluña y Navarra.
No es un caso único. La Diputación de Alicante gestiona y paga otra sanidad, la Salud Mental, como competencia impropia ya que debería haberla asumido la Generalitat Valenciana hace décadas, y todavía no lo ha hecho.
ACAIP-UGT denuncia que los parches puesto por el Ministerio como la "teleasistencia" o el pago de "servicios externos" (llevando a los reclusos a los hospitales) son menos efectivos y más caros.
La primera porque es imposible la teleasistencia en prisiones como las alicantinas con entre 40 y 50 ingresos nuevos cada semana, que hay que visitar, analizar y diagnosticar, ya algunos entran con enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis o plagas como la sarna. Y el mismo proceso ha de hacerse cuando se les aísla.
"Con la falta de médicos se está cargando todo el trabajo en los servicios de enfermería, y esa no es su función", destaca el sindicalista.
Por otro lado, derivar a los internos a la medicina general supone un gasto en personal de custodia, en ambulancias, en consumo de recursos y en la propia saturación del sistema público de salud.
"No es de recibo que un centro como Alicante Cumplimiento tenga sólo un médico y seis vacantes. Nos hemos quejado al Ministerio, al Defensor del Pueblo, al Defensor de Paciente, a todos los escalones de la administración. Pero no se aporta ninguna solución porque están pensando en un traspaso de competencias que en 20 años no se ha producido".