En la cárcel de Alicante I, conocida como la prisión de Fontcalent, donde conviven más de 900 presos bajo la custodia del Estado, se lleva viviendo durante meses una situación insostenible y peligrosa tanto para los internos como para los trabajadores. Todas las semanas hay varios días en los que el centro se queda sin médicos, ya que solo hay dos médicos que se turnan para asistir a toda la población reclusa.
En teoría, el centro debería contar con ocho médicos para cubrir las necesidades sanitarias de sus 900 internos, pero, en la práctica, solo dos médicos están disponibles, y no siempre de manera continua.
El déficit de médicos no es un problema exclusivo de Fontcalent, sino que se extiende por toda España, donde la sanidad penitenciaria ha sufrido un abandono progresivo por parte de las autoridades. A nivel nacional, el déficit supera el 67 %; es decir, hay una ratio de 3,46 médicos por cada 1.000 internos, un dato que contrasta con los 6,66 médicos por cada mil que tenían las prisiones españolas en 2014.
Las razones de esta crisis son múltiples, pero una de las principales es la incapacidad de atraer profesionales a estas plazas debido a las malas condiciones laborales y salariales. "Las plazas quedan vacantes porque las condiciones son mucho peores que en la sanidad gestionada por las comunidades autónomas. Y como no se cubren por interinidad, esos puestos se quedan sin ocupar", explica Emilio José Flores, delegado sindical de ACAIP-UGT en Alicante Cumplimiento.
La falta de médicos en Fontcalent hace que muchas intervenciones sanitarias básicas no puedan llevarse a cabo dentro de la prisión. Esto provoca que los internos sean trasladados al Hospital General de Alicante, lo que no solo incrementa el gasto público, sino que también sobrecarga los servicios de urgencias del hospital.
Estas salidas consumen una gran cantidad de recursos, ya que para realizarlas es necesario movilizar unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar tanto el traslado como la custodia del interno durante el tiempo de permanencia en el hospital asignado, lo que conlleva, a su vez, la priorización de la atención a los reclusos frente a la de los usuarios de la población de la localidad, independientemente de la gravedad de la dolencia.
"Además, la falta de médicos afecta directamente al régimen interno de la prisión. En situaciones de conflicto, como peleas o eventos violentos, los internos no pueden ser aislados sin un informe médico previo que certifique su estado de salud", añade el delegado sindical.
Este vacío médico no solo complica la gestión de la prisión, sino que, en caso de emergencia, el resultado puede ser fatal. El responsable está convencido de que si hubiera una situación médica grave sin un facultativo, como un paro cardíaco o un golpe fuerte en la cabeza, el interno o el funcionario acabaría falleciendo antes de que diera tiempo a que llegara la ambulancia y lo trasladara a Urgencias.
Por otra parte, sostiene que más del 30 % de los internos sufre algún tipo de patología mental, y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis.
Un solo psiquiatra
La situación es aún más preocupante en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, donde solo hay un psiquiatra para 246 pacientes. Esta carencia de atención especializada agrava las condiciones de los internos con enfermedades mentales, que a menudo no reciben el tratamiento adecuado y cuya situación se deteriora cada día.
"La falta de psiquiatras en el psiquiátrico de Fontcalent no es un hecho reciente, sino una realidad que se ha extendido durante meses", comenta el responsable, quien indica que en total hay dos psiquiatras, pero que una de ellas está de baja.
"Sin un psiquiatra que evalúe su evolución, no se pueden tomar decisiones sobre su recuperación o sobre su posible reintegración en la sociedad", lamenta. Por lo tanto, se puede dar el caso de que internos que ya están recuperados no puedan recibir la autorización para abandonar el centro.
En la provincia de Alicante faltan 17 médicos en total, si se suman las carencias de Fontcalent, el psiquiátrico y la prisión de Villena. Así, los enfermeros se ven obligados a asumir responsabilidades que no les corresponden. "Los sanitarios están desbordados, doblan turnos y asumen tareas que deberían ser competencia de los médicos, pero lo hacen a costa de su propia salud", denuncia el portavoz.
Ante esta situación, los funcionarios de prisiones y los sindicatos han solicitado reiteradamente que la sanidad penitenciaria pase a ser gestionada por las comunidades autónomas, como sucede con el resto del sistema de salud público. "Instituciones Penitenciarias nos dice que sacan las plazas a oposición, pero que no se cubren. Así llevamos desde 2014, perdiendo médicos cada año, y la situación es cada vez más insostenible", advierte el delegado.