El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha mantenido una reunión con las organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME) y con las entidades encargadas de gestionar la atención a migrantes en Aragón (CEPAIM, APIP-ACAM, ACCEM, Obra Social Santa Luisa, Cruz Roja e YMCA) para trabajar sobre la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes acogidas en la comunidad.

En Aragón hay más de 15.000 migrantes, la gran mayoría de latinoamérica, pero el acuerdo laboral va dirigido principalmente a los saharauis que acaban de llegar de Canarias. “El 80% vienen de América Central y de América del Sur en avión con un visado de turistas y se quedan a tratar de buscar trabajo en España. Del continente africano, llega un 10% de esos migrantes irregulares, hacen viajes entre 1.400 y 1.600 kilómetros en embarcaciones, y que muchos de ellos pierden la vida en el trayecto. Estas personas, las que solicitan protección internacional, tienen un determinado recorrido hasta que llegan a la posibilidad de ponerse a trabajar.” explicaba el delegado.

“La tipología de migrantes es tan amplia que es importante que los empresarios conozcan bien de qué estamos hablando, de cuáles son las modalidades de acogida o de proporcionar papeles a todas estas personas”, apunta Beltrán. Por otro lado, los saharauis ya han manifestado sus conocimientos en mecánica, electricidad y sector agrario. Ahora se busca que las empresas ofrezcan contratos laborales con todas las garantías.

“El objetivo de la reunión, es establecer canales directos para casar la oferta y la demanda, y explicarles también a los empresarios que hay personas que están en condiciones de ponerse a trabajar casi inmediatamente” reconocía el delegado de Gobierno. “Hay otras personas que tienen que cumplir unos plazos hasta que se regularice su situación en España, y esto lo vamos a desarrollar con detalle”, continuaba Beltrán.

El proceso de integración de los migrantes, según ha explicado el delegado, sigue una estructura en fases. Inicialmente, los migrantes que llegan a Aragón entran en un programa de acogida que evalúa sus necesidades más urgentes, como el aprendizaje del idioma o asistencia médica. Después, se trabaja hacia su autonomía, en la cual los migrantes deben valerse por sí mismos en términos de empleo y vida independiente.

Aquellos que después de cumplir las fases de integración vuelven a estar en situaciones de vulnerabilidad, como el grupo afectado por la oferta fraudulenta en Burgos, pasan a ser competencia de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Sobre el caso de los migrantes que acudieron a Burgos a trabajar, y resultó ser una estafa.

Así, el delgado ha explicado que, esas personas que han marchado, "han pasado automáticamente a la fase de autonomía". Por lo que, ahora mismo, "estas personas tendrían la misma consideración que una persona española que pierde su trabajo y que se queda en la calle", ha agregado.

De esta manera, se les considera ya "en fase de autonomía", con lo que la intervención directa "tendría que ser de servicios sociales". Lo ha explicado así Beltrán quién, además, ha asegurado que están trabajando con Inspección de Trabajo en Aragón para analizar cómo se produjo la contratación fraudulenta.

Por último, haciendo referencia a la propuesta que se debate en Bruselas sobre la creación de centros de acogida fuera del territorio europeo, el delegado ha comentado que siguen trabajando en la búsqueda de identificación de recursos habitacionales en territorio nacional. Así lo ha asegurado, según "lo hablado" con el Ministerio de Migraciones.

"No veo que estas personas se deriven a centros de acogida en países extracomunitarios e insisto en la posibilidad que, al menos, la población que tenemos en Aragón, pueden ser perfectamente acogidos en Aragón”, ha expresado. Un punto de vista que no compartían los socios del gobierno aragonés, Vox; por lo que se rompió el acuerdo PP-VOX, el pasado mes de julio.