Crecen las ciudades, con ellas los habitantes y los vehículos de transporte. El movimiento por la urbe cada vez se masifica más, por lo que buscar aparcamiento cada vez se vuelve más complicado. En el pasado mes de agosto se dio a conocer que Zaragoza iba a triplicar las zonas azules y naranjas. Una ampliación del estacionamiento regulado como nunca visto porque, de las 6.777 actuales, la ciudad llegaría a alcanzar las 21.745 plazas.

Esta apuesta del consistorio, que busca mejorar la movilidad en la capital y mejorar el acceso a los aparcamientos, no ha tenido una buena acogida por parte de la oposición. Así lo han comunicado este lunes los partidos políticos de Vox y PSOE, en distintas comparecencias, quienes han puesto en duda que la solución ante la falta de aparcamiento sea “hacerlo de pago”.

El concejal de Vox, David Flores, ha expresado esta mañana que “lo que antes era un problema del centro, ahora ataca a otras zonas de Zaragoza”. Una falta de plazas para estacionar que ha achacado al propio Gobierno de la ciudad y, según Flores, cuya problemática viene dada por “la proliferación de contenedores, la pérdida de 180 plazas que ahora se han reservado a los vehículos de movilidad compartida o por los veladores colocados en los aparcamientos”.

En este punto, desde el Ayuntamiento han confirmado el número de plazas que suponen los Minits. Aunque han añadido que, teniendo en cuenta que en su término municipal Zaragoza, tiene unas 180.000, lo que supone un 0,1% del total.

El uso de solares

Flores ha propuesto que, en lugar de privatizar las zonas azules, “se creen más aparcamientos”. Por ejemplo, en aquellos espacios ciudadanos que no estén siendo utilizados en la actualidad “como el solar de la calle Predicadores”.

Un total de 13 los votos ha registrado Vox para su inclusión en el Anteproyecto de Reglamento Municipal del Servicio de Estacionamiento Regulado. “Todos ellos pensados para evitar que los desplazamientos en automóvil se conviertan en un producto de lujo”, ha expresado Flores.

En la parte más técnica, ha atacado la falta de información en el reglamento. “No se nos ha aclarado aspectos muy relevantes, como puede ser el horario, el calendario o la limitación fotográfica de las zonas de aparcamiento”, ha dicho el concejal de Vox. Un hecho que también ha echado en falta el concejal del PSOE, Chema Giral, quién ha definido esta “omisión” como “falta de transparencia” en la gestión.

Desde la parte más social, desde Vox piden al Ayuntamiento que se tengan en cuenta reducciones económicas a “las familias numerosas o para los titulares tengan problemas de salud, y que necesiten ser atendidos por familiares que vivan fuera de la zona de residencia”. También han incluido el aumento de la cuantía económica para acceder a modificaciones “a 1,5 veces el valor o la cantidad del PIB a la hora”.

El "Parquinazo"

Por su parte, el concejal del PSOE, Chema Giral, ha definido este anteproyecto con nombre, “Parquinazo”, y apellidos: “Opacidad, sablazo económico y mala gestión”. El primer punto que ha criticado el socialista ha sido las fechas elegidas para la aprobación del reglamento y el estudio económico del mismo, el pasado 25 de julio y el 9 de agosto. Una época en la que, según reclamaba Giral, “las asociaciones vecinales, los comerciantes y demás colectivos ciudadanos y no tuvieran tiempo para alegar y hacer sus propuestas”.

Al igual que vox, Giral ha reclamado la falta de transparencia en el reglamento. “Este documento carece del anexo necesario donde figuran todas las posibilidades técnicas del mismo”, ha asegurado. Lo único que ha afirmado conocer es “un estudio financiero donde, ahí sí, se habla de qué zonas van a ser afectadas por la zona de saneamiento regulado, o cuáles van a ser las tarifas y los horarios”. Pero, al figurar en el estudio y no en el reglamento del anexo, ha denunciado que políticamente no pueden poner ese estudio “en ningún tipo de consideración”.

En cuanto a la eficacia de las zonas de residentes, desde el consistorio aseguran que se ha demostrado en distritos como el Delicias. Han incidido en que es en esta misma zona donde en la parte regulada "se pueden estacionar bien los vehículos", mientras que en la que no lo está "sus vecinos están pidiendo regulación".

Además, han insistido en que las consultas se realizaron especialmente en distritos colindantes a zonas ya reguladas para evitar “islas” de zonas sin regular. Sólo La Almozara y Las Fuentes, sobre las que explican que hubo un cambio de opinión, "se opusieron inicialmente a esta ampliación".

Sobre el segundo apellido con el que ha definido este anteproyecto, el económico, ha hecho referencia a las “constantes subidas de precio en el transporte público”. Ahora, dice que la alcaldesa ha ido un paso más allá con este reglamento. “Se pretende triplicar las zonas de pago por aparcar en Zaragoza y además se hace de una manera injusta, porque no es lo mismo tener que pagar en el centro, a que tenerlo que hacer de igual manera en un barrio de la ciudad como puede ser Delicias”, ha ejemplificado.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han recordado que la ampliación del estacionamiento regulado fue aprobada, sin oposición por parte del PSOE, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aprobado en 2019 cuando todavía gobernaba ZEC. Además, han insistido en que dicha ampliación se impulsa, "porque así lo demandan", en diferentes distritos en los que existe un grave problema de estacionamiento en la vía pública para los residentes. En concreto, desde el Gobierno de la ciudad señalan que el 80% de las plazas previstas serán de Zona Naranja, y está previsto que las familias con menos recursos dispongan de tarifas reducidas.

En cuanto a la mala gestión, ha incidido Giral en que “se puede conseguir más espacio para aparcar y de manera más sencilla”. Al igual que Flores, ha puesto el foco del problema en los veladores y terrazas de Zaragoza que se sitúan encima de zonas de aparcamiento. “Con eso conseguiríamos ya cerca de 2.000 plazas más para poder aparcar. Algo que en Madrid o Barcelona ya han hecho”, ha expuesto.

Zona de bajas emisiones

Por último, el socialista también ha cuestionado el coste de la instalación de las cámaras y servicios de seguridad en la zona de bajas emisiones. “Este ayuntamiento ha recibido cerca de 50 millones de euros, precisamente para la introducción de este proyecto. Chueca decidió no destinar un solo euro para poder financiar estos equipos. Ahora quiere, encareciéndose más de lo que sería necesario”, ha concluido.

Respecto a las ayudas europeas, la decisión de incorporar la gestión de las cámaras de vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones al contrato de Estacionamiento Regulado es, según señalan desde el Ayuntamiento, "únicamente técnica". Asimismo, han añadido que la empresa que gestione este servicio también deberá ocuparse de su mantenimiento durante al menos 10 años, "algo que en la opción propuesta por el PSOE supondría un coste añadido para el Consistorio".