El Gobierno de Aragón trasladará a 15 menores del centro de Ateca -cerrado tras la detención de su director y de otros cuatro trabajadores por lesiones, torturas, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal- a una nueva "unidad terapéutica" en Juslibol. La consejera de Bienestar Social y Familia, Mamen Susín, ha avanzado este jueves en el pleno de las Cortes que la contratación se ha hecho "con carácter de urgencia" con la Fundación SAMU por una duración de seis meses.
Los menores se trasladarán el próximo 16 de septiembre. "Otros han salido a otros centros fuera de la Comunidad y algunos han pasado a un proceso de transición a vida independiente adelantándose un mes a lo que estaba previsto", ha explicado.
Además, el Gobierno aragonés tiene prevista la creación de un protocolo de mala praxis o vulneración de derechos de los menores bajo medidas de acogimiento de la Comunidad. "Todas las actuaciones tienen por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos y a revisar o mejorar el sistema de protección. Hasta ahora no se disponía de vigilancia ni de un canal directo con los servicios existentes para poner de manifiesto hechos como los denunciados. Lo que sí había era desidia", ha manifestado.
La consejera ha detallado todas las medidas llevadas a cabo, desde la revisión de los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco a la instrucción para que se haga un informe semanal con las incidencias y se comuniquen de manera inmediata las más graves, así como la creación de una comisión de seguimiento y de un registro del personal de los centros de menores.
Desde el Departamento de Bienestar y Familia se ha pedido también un informe a los servicios jurídicos del Ejecutivo ante la posibilidad de exigir daños morales a la contratista "en razón del descrédito sufrido y el daño a su prestigio institucional".
Susín ha remarcado que se actuó desde el primer momento en una intervención que no ha estado exenta de críticas al anterior gobierno, liderado por el PSOE. "Quizás quienes deberían estar en esta tribuna dando explicaciones sean ustedes", ha espetado a la bancada socialista.
El PSOE, por contra, ha recordado que Susín es la responsable de la gestión de menores desde hace un año. "No vamos a usar este tema como un arma arrojadiza", ha afirmado la diputada Pilimar Zamora. Para IU lo ocurrido es, directamente, intolerable. "No creo que el sistema actual y la acción del Gobierno haya sido correcta y garantista. La DGA es responsable de sus tutelas, pero ha decidido que otros se encarguen de su responsabilidad. Los menores son plazas, números y expedientes", ha lamentado Álvaro Sanz.
Para partidos como el PAR, el gran reto es "tratar de conseguir que esto no vuelva a suceder", de ahí que formaciones como CHA hayan tendido la mano al Gobierno para poder llegar a soluciones. La nota discordante la ha puesto Vox, que se ha preguntado por qué España tiene que seguir acogiendo a "cientos de miles de menores extranjeros".