La titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Calatayud, Aída Ramírez, ha tomado declaración a quien fuera supervisor del Centro de Atención a Menores de Ateca, Miguel Ángel V. P., como investigado en el caso abierto por delitos cometidos contra algunos residentes. La instructora entiende que existen “indicios racionales y suficientes de criminalidad” para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario.

Una vez tomada declaración, la jueza le ha dejado en libertad provisional sin fianza, aunque le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional, teniendo que comparecer en el juzgado los lunes de cada semana. La instructora entiende que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ni tampoco posibilidad de actuar contra los menores ya que está jubilado.

No obstante, advierte la jueza al investigado en su auto que, si incumple las medidas cautelares acordadas, su situación personal podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Miguel Ángel V. P. fue detenido este lunes por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Móstoles y trasladado a Calatayud para prestar declaración ante la jueza que instruye el caso. Como supervisor formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024. La investigación judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca dio comienzo tras las denuncias presentada por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años de edad. En la actualidad el número de denuncias presentadas por menores del centro por estos hechos es de 19, presentadas ante la Guardia Civil y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado.