El Tribunal de Contratos de Aragón (Tacpa) ha suspendido la licitación del transporte sanitario no urgente en la Comunidad, que se abrió el pasado 20 de septiembre. El Gobierno autonómico inició el procedimiento por un coste de 57,8 millones de euros para cuatro años, pero unos recursos a las cláusulas que blindaban las subidas salariales han llevado a la paralización del proceso y del plazo concedido para presentar ofertas.

Una de las grandes novedades de este contrato radicaba en la importancia que se dará a la mejora de las condiciones de los trabajadores. De hecho, el contrato blinda la subida salarial, dados los conflictos laborales que la actual adjudicataria lleva sin solucionar desde hace más de un año.

Incluso, se recoge explícitamente la posibilidad de anular la contrato si la adjudicataria presentara esa mejora en su oferta y después no la cumpliera.

Sin embargo, dos asociaciones de empresas de transporte sanitario han presentado un recurso contra las condiciones económicas del contrato y esa subida salarial. Consideran que limita su margen económico y que se trata de una vulneración de la negociación colectiva, argumento que rechazan desde el Gobierno de Aragón.

Ante ello, el Tacpa ha suspendido temporalmente el procedimiento para evitar los perjuicios que conllevaría una eventual retroacción, con el objetivo de dirimir la cuestión a la máxima celeridad posible.

Desde el Departamento de Sanidad se esgrime que el empresario tiene margen de maniobra para acordar esas subidas salariales, a través de los cauces establecidos por ley, de modo que no se vulnera el derecho a la negociación colectiva.

El nuevo contrato se licitó por 16,6 millones de euros más que el anterior, firmado el 12 de febrero de 2020, con la UTE Maíz-Egara por 41.211.805 euros y con una duración de cuatro años, prorrogables por otros dos. En este momento, está vigente la primera prórroga, hasta el 12 de febrero de 2025.