Los usuarios de la residencia de Villafranca, en la que murieron diez personas en un trágico incendio el pasado 15 de noviembre, no volverán hasta que se "garanticen y se certifiquen todas las medidas de seguridad". "Si los trabajos se retrasan, se retrasará también el traslado", ha subrayado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en una comparecencia a petición propia en las Cortes de Aragón.

Según ha dicho, una vez finalizada la investigación, los servicios técnicos y jurídicos del Gobierno de Aragón ya están trabajando con los responsables del centro para recuperar la normalidad. También ha querido dar las gracias a la residencia Vitalia de Huesca y al personal de la de Villafranca por el "esfuerzo" que está haciendo para adaptar su trabajo a un centro con unas condiciones "complicadas" para la tipología de los usuarios y por trasladarse "diariamente" a Huesca.

La consejera ha hecho extensible este agradecimiento a las residencias Avenida y La Merced en Huesca, que están apoyando a Vitalia con medios materiales y profesionales, y al Colegio de Trabajadores Sociales y los voluntarios de Protección Civil, que están "acompañando en todo momento a los usuarios".

Susín ha recalcado que "será la Justicia la que determine las causas y las posibles responsabilidades" y ha defendido que el Gobierno de Aragón está trabajando para actualizar la normativa, siendo "el primer trimestre de 2025" cuando se darán los primeros pasos para sustituir la actual con el anteproyecto de ley de Ordenación de Entidades Privadas.

A este respecto, ha incidido en la estricta normativa antiincendios existente y ha recalcado que hay cuestiones que exceden a las competencias autonómicas. Sobre las ratios, ha recordado que, para la noche, se establece un auxiliar por cada 35 usuarios.

Susín no ha entrado a valorar si son muchos o pocos, ya que ese trabajo "corresponderá a los expertos en los grupos de trabajo". Sí ha querido dejar claro que la realidad en Aragón "es mucho más favorable que en otras comunidades autónomas".

Además, ha avanzado que se está trabajando en una estrategia de formación para la capacitación de los recursos humanos en el sector de los cuidados en el medio rural.

Las intervenciones de la oposición han servido para exigir a la consejera celeridad y una mejora clara de las ratios para garantizar un cuidado óptimo de los usuarios. También se ha criticado su "improvisación" y le han instado a "ajustar" los perfiles de las trabajadoras y sus tablas salariales.

Desde el PP, han respuesta, han recalcado que no tiene sentido legislar si "no se sabe cómo se van a financiar los cambios normativos". Susín, además, ha cargado contra los "recortes" de Lambán y ha confirmado que se va a revisar la ley de 2009 de servicios sociales de Aragón y se iniciarán los trabajos para elaborar una disposición general que regule las condiciones mínimas y de acreditación que se requerirán a las entidades sociales titulares y gestoras de centros sociales especializados previa consulta pública.

"Una cosa detrás de otra. Primero aprobaremos la ley y después afrontaremos el decreto. Yo no me voy a comprometer de que va a ser en 2025. Si este fuera un trabajo sencillo ya estaría hecho, y no solo en Aragón", ha manifestado.

En este sentido, ha remarcado que desde el Gobierno de Aragón no han estado quietos. "Había muchos aspectos en lo que había que actuar, y de aquellos barros, estos lodos, lo que nos hemos encontrado ha sido precariedad", ha subrayado.