Ningún municipio afectado por las tormentas de finales de agosto y principios de septiembre o la DANA de octubre quedará fuera de las ayudas del Gobierno de Aragón. Es el compromiso que ayer trasladó el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en el pleno de las Cortes tras las quejas de los alcaldes que se han quedado fuera del decreto ley, puestas sobre la mesa por Aragón-Teruel Existe y el PAR.

Ambos partidos avisaron de que hay municipios como Albarracín que no aparecen por ningún lado. Lo mismo ocurre con Los Olmos o Villarluengo, que registró, según el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, “más de 200 litros en una hora”.

“Hay que hacer un examen profundo. Son daños cuantiosos, estamos hablando de mucho dinero”, agregó. En algunas localidades, las lluvias han dañado muros e infraestructuras. “Tienen que contar con ellos lleguen las solicitudes cuando lleguen. Hay ayuntamientos pequeños que tienen verdaderas dificultades para conseguir una memoria valorada y tener la documentación necesaria”, expuso.

Por su parte, Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe, incidió en las afecciones a colectores, equipamientos deportivos y caminos rurales. También pidió agregar a la lista municipios como Alarcón, Alcaine, Pozuel, Aldehuela de Liestos, Odón o Utrillas. “Hubo correcciones y se incluyeron algunos, pero siguen sin estar todos”, manifestó.

Asimismo, pidió un tratamiento “específico” para el monasterio de Piedra y el balneario de Jaraba, “agentes turísticos de primer orden” gravemente afectados por la DANA.

Solo aquellos días se registraron 400 incidentes a través del 112 como consecuencia de las lluvias torrenciales, que provocaron inundaciones, desprendimientos y desbordamientos en numerosos puntos del territorio.

Bermúdez de Castro aclaró que la lista de municipios que podrán beneficiarse de las ayudas “no está cerrada”. Prueba de ello es que el pasado 14 de noviembre se añadieron cuatro en el anexo 1 y cinco en el 2. “Se están revisando todas y cada una de las peticiones que llegan tanto a la Dirección General de Interior como a la de Administración Local. Como todos ustedes comprenderán, solamente podrán entrar aquellos que realmente se hayan visto afectados por acontecimientos extraordinarios. Aquí no hay un criterio político”, indicó.

También quiso dejar claro que la cuantía será “la necesaria”: “En las órdenes ha salido menos de lo que se dijo, pero que nadie se preocupe. Lógicamente, al ampliar el número de municipios, aumentará”.

Para hacer frente a los daños con mayores garantías, desde la DGA se va a pedir al Gobierno central poder utilizar los remanentes de otras convocatorias de los fondos MRR. Partidos como IU creen que, esta vez sí, se está utilizando “la fórmula correcta”. “Debemos actuar con agilidad y celeridad. Las convocatorias tienen que salir rápidamente para aplicarse de forma correcta. Nos tranquiliza saber que el decreto queda abierto y que si hay municipios que lo requieren van a tener amparo”, dijo su portavoz, Álvaro Sanz.

Al margen de este decreto ley, desde formaciones como CHA consideran que sería “bueno trabajar políticamente” con el Gobierno de España para que incluyera a los municipios aragoneses más castigados en sus reales decretos ley. Así lo dijo su portavoz, José Luis Soro.

Mientras, desde Vox, el apoyo no estuvo exento de críticas. Para Santiago Morón, todos estos daños podrían haber sido muy inferiores “si se hubieran hecho actuaciones de mantenimiento y cuidado de las riberas y los cauces”. “En el presupuesto de 2024 se incorporó una enmienda de Vox dotada de un millón de euros para hacer acciones de prevención, adecuación y reparación de daños por riadas. ¿Y qué se ha hecho? Encargar un estudio hidrológico y nada más, dejando sin ejecutar más de 600.000 euros. Eso, señorías, se llama desinterés”, criticó.

En el caso del PSOE, el tono fue mucho más conciliador. Para el diputado Daniel Alastuey, el PP ha actuado “con diligencia y coordinadamente” no solo para solucionar los problemas existentes en Aragón, sino para tratar de resolver los que se han generado en la Comunidad Valenciana.