Los partidos políticos de Aragón se unieron ayer para pedir "máxima coordinación" a la DGA y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para limpiar cauces y tomar cuantas medidas sean necesarias para reducir el riesgo de inundación.

La iniciativa, lanzada por Aragón-Teruel Existe, salió adelante por unanimidad. En ella se reclamaba una “colaboración activa” entre administraciones que vaya más allá de los discursos competenciales, procesos de participación “de abajo a arriba” y contar con expertos en riesgos naturales para planificar las estrategias a futuro. “Sin su conocimiento difícilmente vamos a poder dar pasos sólidos frente a este problema”, advirtió su portavoz, Tomás Guitarte.

Entre otras propuestas, los partidos acordaron instar al Gobierno de España a introducir el criterio de torrencialidad en los planes de riesgos de inundación, hacer estudios de hidrología sobre las ramblas y barrancos que atraviesan núcleos de población para conocer su evolución y los riesgos actuales y apostar por actuaciones hidráulicas resilientes y limpiezas en los cauces “que respeten sus condiciones naturales”.

Igualmente, ven necesario acelerar la aprobación de planes locales de emergencias, incidir en la formación a ciudadana en materia de prevención y autoprotección, comenzando por colegios e institutos, y ejecutar nuevas acciones de permeabilidad en aquellos puntos que agravan el riesgo de inundación. “Este es un tema trascendental porque se ha demostrado que buena parte de las incidencias vienen de esa función de dique que hacen muchas de las infraestructuras”, apuntó Guitarte.

Juan Vidal, de Vox, recordó que en Aragón hay obras hidráulicas pendientes de ejecutar desde 2009. De ello culpó al actual Ministerio para la Transición Ecológica, que “ha paralizado las actuaciones sobre los cauces y se ha dedicado a liberar ríos destruyendo azudes y presas de todo tipo”.

Por su parte, Alberto, Izquierdo, del PAR, hizo hincapié en la importancia de los planes de defensa de los municipios y en la necesidad de que el texto aprobado por unanimidad “se cumpla”. “Porque si aprobamos algo, pero luego no se cumple, estamos haciéndonos un flaco favor”, subrayó.

También en esta línea, Álvaro Sanz, de IU, advirtió de que esta realidad “va a ser cada vez más recurrente”. Por ello, apostó por trasladar las herramientas que otorga la ciencia a las políticas de planificación. “Debemos actuar con rigor y prudencia”, aseveró.

Como él, Joaquín Palacín, de CHA, apostó por estar preparados para evitar daños que, con las políticas adecuadas, se podrían aminorar. “La formación es muy importante para que los ciudadanos sepan cómo tienen que actuar en una situación de riesgo natural como la vivida en Valencia”, subrayó.

Leticia Soria, del PSOE, reconoció que es una cuestión compleja y que, por consiguiente, las soluciones que se pongan sobre la mesa también tendrán que serlo. Los socialistas comparten la necesidad de mejorar la gestión del riesgo de inundaciones. “Está claro que es un reto que tenemos todavía por delante. Es clave que las administraciones sigan trabajando de una manera coordinada. Además, deben buscarse fórmulas para que la recuperación tras un episodio se pueda hacer de la manera más rápida posible”, agregó.

El planteamiento de Aragón-Teruel Existe también obtuvo el ‘sí’ del PP. La diputada Susana Cobos prometió que “como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Aragón se dirigirá al de España” para impulsar los distintos puntos de la propuesta. “Todos vamos en la misma línea. Ninguno queremos que vuelvan a repetir episodios como los que, lamentablemente, hemos vivido en la Comunidad Valenciana”, dijo.