La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado denuncia contra la empresa Escrown & Trust Europe Foundation, con sede en Ámsterdam, al apreciar indicios de delito en la venta de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Javier Lambán durante las peores semanas de la pandemia.

El Ministerio Público ha remitido la denuncia al Juzgado de Instrucción nº12 de Zaragoza tras la reclamación presentada por el Ejecutivo de Jorge Azcón el pasado mes de abril.

La DGA exige a la empresa los 25.382,31 euros que se pagaron por unas mascarillas que se adquirieron como FFP2 o FFP3 en abril de 2020 y que no cumplían los requisitos, cantidad a la que habría que sumar la parte proporcional de los portes.

Su baja calidad hizo que ni siquiera pudieran ser distribuidas entre el personal de las residencias de mayores y discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), quedando almacenadas en los sótanos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

La propia consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, aseguró a principios de este 2024 que el Ejecutivo popular iba a "completar la obligación legal" que el anterior había "incumplido". Durante sus años de Gobierno, el cuatripartito de Lambán reclamó esta cantidad por la vía extrajudicial y, aunque amenazó a la empresa con acciones legales, nunca las llevó a cabo.

Para la DGA, esta "inacción" suponía una clara "dejación de funciones". Desde el Pignatelli entendían que la empresa había "estafado" al Gobierno de Aragón, y por consiguiente a todos los aragoneses, estos más de 25.000 euros de dinero público, de ahí que desde la actual Consejería pusieran la polémica en manos de la Justicia.

Las mascarillas fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros cada una “de uso médico” y a 0,75 euros por cada “unidad de tres capas”. Estas cuantías -por encima del valor de mercado- fueron justificadas por considerarse las primeras de mayor calidad que las segundas, pero al no cumplir los estándares exigidos ni siquiera fueron repartidas.

Para los servicios jurídicos de la DGA, esto puede ser constitutivo de un delito de estafa. Y más teniendo en cuenta que la compañía llegó a simular un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad.

El Gobierno de Aragón recibió notificación de la Fiscalía a finales de noviembre y ahora será el juez el que determine si existe o no delito y hasta dónde llega la investigación. Ha de tenerse en cuenta, tal y como señaló la Cámara de Cuentas en un informe publicado en abril de 2022, que la operación ni siquiera está respaldada por facturas.

O al menos, no por unas facturas válidas, ya que proveedor únicamente remitió los documentos por correo electrónico y no a través de la plataforma FACe, la requerida para que la Administración formalice los pagos. A esto hay que añadir que el domicilio proporcionado por Escrown, mercantil asociada al Grupo Santacatalina, era falso. Tampoco cuenta con una página web o presencia en redes sociales.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, desde el Ejecutivo de Jorge Azcón han tomado la decisión de personarse en la causa, en la que se esclarecerá si existen responsabilidades civiles o penales.