Los barrios rurales se han convertido en el caballo de batalla del PSOE para hacer oposición al PP desde la Diputación Provincial de Zaragoza, la única institución que gobierna tras el mal resultado de las elecciones autonómicas y municipales de 2023.
Los socialistas han movilizado, incluso, a sus alcaldes pedáneos, que esta semana han criticado el "ninguneo" del Ayuntamiento zaragozano y su "falta de concreción y transparencia" con el estado de las obras.
Los desencuentros entre Juan Antonio Sánchez Quero y el Consistorio de Natalia Chueca se han intensificado en la recta final de este 2024 hasta el punto de que el convenio de obras correspondiente al periodo 2021-2024, que expira en solo tres días, pende de un hilo.
Pese a estar ya en el tiempo de descuento, todo está todavía por aclarar. ¿Transferirá la DPZ los cuatro millones que restan? ¿Se ampliará el plazo del convenio más allá del 31 de diciembre como pide el Ayuntamiento? Son preguntas que hoy por hoy no tienen respuesta.
En estos momentos, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder. El Ayuntamiento insiste en que ha consumido el 80% de los fondos y en que el ritmo ha sido "el más elevado hasta el momento", y pide que se le transfieran los 4 millones restantes, mientras que la Diputación critican que solo se hayan ejecutado un 33% de las obras nuevas pese a haber tenido cuatro años para hacerlo. A la institución no le salen las cuentas ya que, incluso sin esos 4 millones, el Consistorio debería haber ejecutado 5 millones de euros y no 3.
A estas alturas parece complicado que vaya a poder formalizarse una prórroga para extender, al menos, la duración del convenio. Teóricamente, las partes solo podrían hacerlo el lunes 30, día en que la institución provincial aprobará su presupuesto para 2025. "Se les ofreció reunirnos el 26 o el 27, pero nada", dicen desde la DPZ.
Desde Alcaldía insisten en que acabarán las obras, aunque, en el caso de las que ni siquiera han empezado, el futuro es más incierto.
Las consecuencias podrían ir incluso a mayores. Desde la plaza del Pilar emitieron este viernes un comunicado dejando claro a la DPZ que, sin convenio, tendrá que empezar a costear con medios propios el servicio de extinción de incendios de la Comarca Central y La Muela, la recogida de residuos urbanos y la de animales.
Si se diese este escenario, la Diputación tendría que pagar cada salida a estos puntos de la provincia. El 112 moviliza siempre a los recursos más cercanos. Hasta ahora, fruto del convenio, no suponían un 'extra' para la Diputación, pero en adelante, esto podría cambiar.
El Ayuntamiento tampoco ha sentado nada bien que la institución provincial no haya presupuestado un solo euro en las cuentas del próximo año para los barrios rurales de la capital. Esto 'choca' con el deseo del Ayuntamiento de firmar un nuevo convenio, aunque, en caso de que las conversaciones llegasen a buen puerto -para lo que se necesitaría un giro radical-, podrían habilitarse fórmulas.
Llegados a este punto no se descarta, incluso, que la DPZ pudiera reclamar a Chueca el reintegro de los fondos no utilizados -ya lo hizo con los del anterior- o que la polémica acabase en los tribunales por los 4 no transferidos. En los últimos años no ha habido ningún año sin convenio. O bien había uno en ejecución o estaba en vigor su prórroga. Esto, sin embargo, podría cambiar en cuestión de días, deteriorando, más si cabe, la relación entre ambas instituciones.
El caso recuerda a los meses de "palos en la rueda" de Javier Lambán y Jorge Azcón a costa de la nueva Romareda. Nadie duda de que el conflicto tiene un claro tinte político. Ahora está por ver si el pulso entre unos y otros se queda en un aviso a navegantes o si los vecinos de los barrios rurales de Zaragoza terminan pagando los platos rotos.