El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo en Zaragoza que Moncloa reparta menas para sobrevivir. Según ha dicho, los inmigrantes ilegales que han entrado en España "por incompetencia del Gobierno central" los ha de gestionar "el Gobierno central". "No se puede crear una crisis humanitaria en Canarias ni repartirlo por las comunidades autónomas como si fuesen mercancía y sin molestar a los socios", ha reprochado en el I Foro de Grandes Ciudades de España, que ha reunido a 33 alcaldes de municipios de más de 100.000 habitantes.
Feijóo ha criticado que los menores extranjeros "dejen de ser niños si se trata de negociar con el separatismo" y se utilicen como "moneda de cambio". "Lo que un día es intocable universalmente, al día siguiente lo es dependiendo del código postal", ha aseverado.
El dirigente popular ha instado a Pedro Sánchez a ahorrarse "todas las lecciones de moral" y a "tomarse en serio" el problema de la inmigración ilegal: "Deben dejar de manipular a la gente". A este respecto, ha recordado que si el presidente del Gobierno quiere un plan, el PP tiene uno "avalado por 14 presidentes autonómicos". "Les pedimos que dejen de escurrir el bulto. España sufre un fuerte descontrol migratorio, el mayor de la Unión Europea. La mayoría de los inmigrantes están entrando por Canarias", ha advertido.
Feijóo ha acusado al líder socialista de ser capaz de "cualquier cosa" por seguir en la Moncloa. "No se reparte para dejar sitio a más, y mucho menos cuando se hace con criterios de supervivencia política y enfrentando a las comunidades autónomas. Yo no estoy en política para tragar cualquier cosa, no lo vamos a aceptar", ha subrayado.
El foro ha contado con representantes de Barcelona, Burgos, Marbella, Almería, Oviedo, Granada, Murcia, Sevilla, Albacete, Cádiz, Torrejón, Salamanca, Huelva, Badajoz, Logroño, Santander, Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles, Badalona, Elche, Valladolid, Córdoba, Alicante, Palma, Málaga, Valencia y Madrid, entre otras ciudades.
En él, Feijóo ha hecho suyas las reivindicaciones de Aragón y ha asegurado que la despoblación debe ser un criterio que forme parte de "cualquier sistema de financiación". "La despoblación, la dispersión y el envejecimiento son criterios solidarios con la España constitucional", ha manifestado.
El dirigente rechaza que se quieran cambiar criterios de equidad "por las consignas que imponga el separatismo" y la financiación autonómica "por la de una ideología: el separatismo". "Nuestro dinero es para el conjunto de los españoles, no para financiar al Gobierno unos meses más en la Moncloa. Debe atender a las necesidades de todos, no a las del presidente del Gobierno", ha enfatizado.
Declaración de Zaragoza
Del I Foro de Grandes Ciudades ha salido la Declaración de Zaragoza, un documento con el que los populares se comprometen a tomar medidas en materia de vivienda y contra la soledad no deseada para dar soluciones a los problemas "reales" de los españoles.
"El Gobierno se está cociendo en sus propios engaños. El país no puede quedarse quieto. España necesita reformas para que se cambien dinámicas que solo llevan a un empeoramiento progresivo, pasos decididos hacia adelante", ha afirmado.
El PP ha contrapuesto su agenda de cambio con la de los escándalos del Gobierno, marcada por "la decadencia política y el empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos". "Tenemos el primer fiscal sentado en el banquillo de los acusados por servir a su amo y el hermano del presidente ha dejado de trabajar donde nuca ha trabajado, pero donde sí ha cobrado", ha remarcado.
También ha arremetido contra un Consejo de Ministros en el que "es difícil establecer un ranquin con quién ha mentido más". "Es una agenda entretenida, pero desvía a la nación de sus prioridades, a España no la lleva a ninguna parte, solo a la decadencia política, económica, social y moral que gobierna cada decisión del Ejecutivo", ha advertido.
Entre las medidas pactadas por los populares está la de movilizar parcelas de titularidad pública, incluso de carácter dotacional o recortes en los tiempos para solicitar licencias. "Si el Ayuntamiento tarda más de tres meses y no contesta, el ciudadano podrá empezar la obra", ha expuesto.
En concreto, se apostará por la creación de un catálogo de suelo público finalista disponible para la construcción de vivienda asequible con el objetivo de activar de forma ordenada y controlada el mercado de la vivienda en los municipios.
El PP también se compromete a dotar de mayor autonomía a los ayuntamientos para el desarrollo de sus planeamientos urbanísticos y simplificar su régimen de modificación. Igualmente, incentivará la rehabilitación de viviendas y apoyará con más intensidad a quienes más lo necesitan: jóvenes, familias, personas con discapacidad y vulnerables.
Los alcaldes también han acordado nuevas medidas en materia de okupación para que ninguna minoría someta a una mayoría. "Ni los okupas a los ciudadanos ni los socios del PSOE a los españoles", ha añadido antes de criticar las subidas de impuestos del Gobierno de Sánchez.
En este punto, el documento dice: "Nos comprometemos a crear un protocolo antiokupación municipal y un servicio integral de atención a las víctimas que proporcione a los Ayuntamientos una herramienta estructurada y eficiente para abordar la ocupación ilegal, mejorando la respuesta policial, la coordinación institucional y las garantías legales. Además, se prestará atención prioritaria a las víctimas de ocupación, propietarios que sufren un calvario para recuperar su casa".
Los populares impulsarán la aprobación de la Ley contra la okupación ilegal "bloqueada por Sánchez y sus socios en el Congreso" para garantizar de modo urgente el derecho a la propiedad privada y la recuperación inmediata de la posesión.
Desde Zaragoza también han reivindicado una España "más segura" y han instado al Ministerio del Interior a preocuparse más por las plazas de Policía y Guardia Civil y no por "cubrir las mentiras del ministro". "De Zaragoza nos vamos con deberes, con un compromiso no menor", han asegurado en relación a estos compromisos.