Empresarios, sindicatos y alcaldes de la provincia de Teruel, uno de los territorios más afectados por la transición ecológica y la despoblación, piden a la nueva ministra, Sara Aagesen, que acelere las ayudas y los proyectos comprometidos como consecuencia del precipitado fin del carbón.

Su antecesora, Teresa Ribera, tuvo una complicadísima relación con las comarcas mineras, que la recibieron con sonoras protestas tras conocerse el cierre de la central térmica de Andorra. El trato personal, cuentan quienes mantuvieron contacto con ella en aquella época, fue siempre "muy bueno". Sus políticas, sin embargo, son harina de otro costal.

"Como persona no puedo decir nada malo. Siempre que lo solicitamos nos atendió, pero la transición que planteó no era, ni mucho menos, la que nosotros hubiéramos querido. Los tiempos no han ido acompasados. Tendrían que haber puesto en marcha primero los proyectos y, posteriormente, haber demolido la central", opina el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles.

Esto hace que a la nueva ministra le pida, sobre todo, "celeridad". "Si no la hay, las inversiones no llegarán a tiempo y la gente buscará otras alternativas en otros territorios que, circunstancialmente, puedan estar mejor que el nuestro. Corremos el riesgo de que terminen marchándose para siempre, ya que aquí hay cada día menos inversiones y menos oportunidades", lamenta.

En su opinión, la transición debería haber ido más acompasada con el cierre de la térmica, ya que las inversiones asociadas al Nudo Mudéjar "no se esperan hasta, como pronto, finales de 2025". "Yo soy de Andorra y he visto construir y destruir la central. Sin esas inversiones prometidas es imposible que la gente confíe en el futuro de la comarca. Corremos el riesgo de morir en el intento", advierte.

En los últimos años han sido varios los vecinos que se han ido a otras provincias en busca de oportunidades. "Si primero destruyes es complicado volver a crear. Llevamos más de seis meses con la central demolida totalmente y no han llegado todas las inversiones que dijeron que vendrían. Confiamos en que lo hagan en 2025. Pero mientras, la gente se desangra, tira la toalla y cierra sus negocios", expone.

Sus sensaciones son compartidas por Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel y trabajador de la ya desaparecida central. "Hemos vivido años muy duros con el cierre y lo siguen siendo. El desmantelamiento ha acabado y aquí no se ve nada. Hubo mucha prisa por cerrar la central. Se corrió y aquí no ha venido todavía ninguna empresa", critica.

Es más, recuerda que los planes de acompañamiento fían las mayores inversiones al periodo 2027-2028. "Para entonces igual ya no estamos gente. Muchos se están buscando la vida donde pueden", agrega.

Como Ciércoles, coincide en que el trato con Ribera fue siempre muy bueno. "Ahora bien, no vemos que esto salga adelante. Sabemos que lo hará, pero no cuándo. Esto no es lo que se había hablado, tendría que haber ya más movimiento", subraya.

Galve cree que la ministra Aagesen tiene fórmulas y fondos para compensar al territorio, como el Fite y las ayudas para la transición justa. "Ahora hay que ponerlos a funcionar, y no solo en Teruel. Si no, ¿el resto de comarcas de qué van a vivir?", se pregunta, al tiempo que reclama a la nueva titular de Transición Ecológica que se reúna "con quienes conocen de verdad la provincia".

Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas y diputado autonómico por Aragón-Teruel Existe, vivió esos años al otro lado de la barrera. Asistió a las manifestaciones contra Teresa Ribera y fue hasta la térmica de Andorra en peregrinación. "Considerábamos que no se estaba actuando de una manera lógica. Y más en una zona como la mía, que ya había sufrido el cierre de la central de Escucha", recuerda.

Los alcaldes esperaban una "verdadera reconversión industrial" que no ha llegado. "Pasamos de ser productores de electricidad y generadores de gran parte del PIB de la provincia de Teruel a paralizar en 25 años tanto las explotaciones de lignito como las centrales térmicas", apunta.

Esto ha tenido consecuencias directas. "En el último cuarto de siglo, la población ha caído a la mitad. Ha pasado de 15.000 habitantes a no llegar a 8.000 por la falta de un cambio de modelo. Las ayudas que se han ido dando hasta ahora han llegado más a los municipios limítrofes que a las zonas netamente mineras", lamenta.

Por ello, pide a la nueva ministra "justicia con los territorios que han sido sacrificados para producir electricidad y explotar las minas". "Aún estamos a tiempo de revertir todo lo que no se ha hecho hasta ahora. Hay que apostar por modelos en los que la transición justa traiga empresas y genere puestos de trabajo", expone.