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El Clúster del Maestrazgo comenzará a verter energía a la red a finales de 2026 Clúster Maestrazgo
El Clúster del Maestrazgo iniciará su construcción este trimestre mientras las asociaciones tratan de frenarlo
La Plataforma a favor de los Paisajes va a pedir medidas cautelares para retrasar el proyecto, que creará unos 3.500 empleos, un centenar cuando esté operativo.
Más información: Teruel Existe traslada al fondo danés CIP su preocupación por el impacto ambiental del Clúster Maestrazgo
El mayor parque de energía renovable de España avanza su tramitación y ya ve de cerca el inicio de su construcción. Conocido como el Clúster del Maestrazgo, este macroproyecto pretende iniciar las obras de forma inminente, en el primer trimestre de 2025, y empezar a verter energía a la red a finales de 2026, mientras las asociaciones paisajísticas, ecologistas y distintos colectivos tratan de frenarlo pidiendo medidas cautelares en los juzgados.
Así lo ha transmitido el director de CIP en España, Javier Prados, durante una visita a la planta de GE Vernova, en Castellón, desde la que se fabricaran las palas de los 122 aerogeneradores del Clúster Maestrazgo, que tienen un coste de 700 millones de euros. Esta factoría, con más de 600 trabajadores, ha implementado diversas tecnologías avanzadas para mejorar la calidad, reducir errores y aumentar la eficiencia.
Con estos aerogeneradores, el Clúster Maestrazgo tendrá una potencia instalada total de 744MW y podrá generar hasta casi 2.000 GWh de media al año, el equivalente al consumo medio de 570.000 hogares. Se ubicarán a lo largo de nueve municipios de la provincia de Teruel, y crearán unos 3.500 empleos, de los que un centenar se mantendrán una vez entre en operación, y un impacto de 400 millones en impuestos.
Toda esta energía se evacuará a través de la subestación de Morella, en la Comunidad Valenciana, a través de la sustitución de la línea de evacuación actualmente existente, aunque ya trabaja para que parte de esa electricidad se quede en Aragón. “La compañía se encuentra actualmente en conversaciones con potenciales offtakers, algunos de los cuales han manifestado interés en los centros de datos en Aragón”, ha apuntado el director de CIP en España, Javier Prados.
Desde CIP, que también son los promotores del proyecto 'Catalina' en Andorra, mantienen que este parque eólico marcará “un hito” en el desarrollo de las energías renovables en España y permitirá acelerar la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establecidos por el Gobierno para 2030. “Respetamos las opiniones discrepantes, pero siempre que tengan base científica y rigor técnico, lo que desgraciadamente no es el caso de muchas de las afirmaciones que se vienen publicando, y que parecen responder únicamente a intereses políticos”, ha expuesto Prados.
El camino en los juzgados
Mientras, diversos colectivos y entidades siguen la vía judicial para tratar de frenar su construcción, y esperan que las demandas presentadas den sus primeros frutos con medidas cautelares. Desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel se trabaja en dos caminos: una denuncia en el Tribunal Supremo contra la Declaración de Impacto Ambiental, ya admitida a trámite, y otra en el TSJ de Madrid.
Además, según la Plataforma, CIP quiere pretende empezar la construcción en un plazo que “la Declaración de Impacto Ambiental prohíbe” por el anidamiento y cría de aves. Ello, sostienen, sin tener la propiedad de todos los terrenos. “Muchos propietarios no han firmado todavía ningún compromiso de alquiler ni de venta. El procedimiento expropiatorio tiene un recorrido no iniciado todavía. Comenzar las obras sin procedimiento expropiatorio y sin acuerdos es complicado”, ha asegurado el portavoz de la plataforma, Javier Oquendo.
Igualmente, en esta Plataforma también ponen en duda el papel del Ministerio para la Transición Ecológica, que, según aseguran, tardaron hasta siete meses en enviarles en expediente “cuando la ley les da 30 días” para hacerlo. “Parece que juegan a favor de las empresas, no de la transparencia. Por suerte, se ha recibido y se va a trabajar con toda la prisa para presentar las demandas en febrero y parar el inicio de las obras”, ha expuesto Oquendo.
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Ante ello, en CIP sostienen que no tienen “absolutamente ningún temor” ante estas denuncias, respetando las opiniones contrarias. “Desde esa perspectiva estamos muy tranquilos. La autorización de construcción concedida por el órgano sustantivo, el Miteco, otorgada por el Consejo de Ministros, sigue escrupulosamente la legalidad vigente”, ha zanjado Prados.
La opinión del territorio
Asimismo, desde las entidades del territorio se cruzan las opiniones a favor y en contra de este macroproyecto. Teruel Existe ha presentado una encuesta con la que sostiene que un 83% de los encuestados en Maestrazgo y Gúdar-Javalambre se opone a la instalación del Clúster. “Es un atentado ecológico, que va a afectar a la economía, al turismo y a la ganadería”, ha aseverado la diputada en las Cortes Pilar Buj.
Por su parte, diversos alcaldes de municipios afectados se presentaron, ya en septiembre, en las Cortes de Aragón para transmitir la “oportunidad” que significaba para ellos los parques de renovables. El presidente de la asociación Viento Alto y alcalde de La Iglesuela, Fernando Safont, cifró en 136 millones de euros las cantidades que se aportan a los ayuntamientos, junto a la creación de casi un centenar de empleos, lo que es “una barbaridad en nuestro territorio”, una comarca de unos 3.000 habitantes.