La Cámara de Cuentas insta en su último informe a quitar el premio de jubilación a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Según dice, debe atenderse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señala que “no caben pensiones, gratificaciones o compensaciones por jubilación debido a su naturaleza retributiva".
El Ayuntamiento de Zaragoza puso de manifiesto en el periodo de alegaciones que el 22 de febrero del 2024 el Gobierno de Zaragoza acordó suspender la gratificación por jubilación anticipada. Para la entidad, sin embargo, podría no ser suficiente.
Desde el 1 de marzo, los funcionarios no cobran un premio como tal, sino un complemento específico dividido en dos partes: una fija y otra variable que exige una presencialidad del 75% en el último año de actividad y no tener expedientes. Tanto desde el Ayuntamiento como desde los sindicatos creen que esta nueva fórmula se ajusta a la legalidad.
En concreto, se trata de un complemento específico variable final de carrera por un importe bruto total de 7.637,16 euros, actualizable según incremento retributivo fijado en las leyes generales de presupuestos anuales del Estado.
El Consistorio cuenta con un informe favorable de Intervención que da por buena esta fórmula basándose en el criterio de Recursos Humanos. No obstante, desde la Cámara de Cuentas recalcan que esta recomendación atañe a "cualquier tipo de premio o asimilado", estando por ver qué sucederá cuando se analice el ejercicio en curso.
El órgano se muestra satisfecho con la evolución del Ayuntamiento, ya que, pese a tratarse de una tarea ardua, en los años analizados se han ido implantando mejoras para cumplir sus recomendaciones. Todavía, sin embargo, hay puntos a mejorar. En esta ocasión, la Cámara hace un total de once recomendaciones tras analizar la cuenta general del Consistorio de los ejercicios de 2021 y 2022.
La entidad reitera que hay peticiones de informes anteriores que "no se han implantado total o parcialmente". También urge implantar sistemas que permitan una adecuada gestión contable y presupuestaria de las operaciones, su registro y contabilidad de acuerdo con lo establecido en la normativa.
Otra de sus recomendaciones se centra en la herramienta de gestión de personal y la necesidad de establecer un módulo que recoja todas las operaciones tramitadas por procedimiento extraordinario.
Mientras, en el área financiera ha de mejorarse la información en la memoria de la cuenta general, y el cierre del ejercicio ha de producirse el 31 de diciembre. Es prioritario, además, regularizar el inmovilizado no financiero, dotar adecuadamente las provisiones por insolvencia o contingencia y revisar los saldos acreedores y la contabilidad de la cuenta 413.
En el área de contratación, se recomienda mantener la línea de regularización iniciada por el plan de choque de 2020. En algunos de los contratos, la auditoría ha detectado ciertos incumplimientos como la licitación de prestaciones que ya se estaban recibiendo y cuya adjudicación se ha producido después de que terminara la vigencia del contrato anterior, o la falta de justificación de la necesidad de contratar.
Igualmente, debe vigilarse la elección del procedimiento de tramitación del gasto ordinario o por reconocimiento extrajudicial de crédito, y seguir mejorando el cumplimiento de las normas y la publicidad de los contratos.
De acuerdo con el informe, en el año 2022, en términos consolidados, el balance de situación del Ayuntamiento de Zaragoza presentaba un importe de 2.909.257.259,52 euros, y un ahorro neto del ejercicio de más de 41 millones.
La recaudación neta de aquel año asciende a 790 millones de euros, habiéndose reducido los ingresos, especialmente por impuestos como el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el IVA o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
En lo relativo a los gastos, ascienden a 831 millones de euros, teniendo mayor incremento con respecto al año anterior los referentes a energía eléctrica, autobuses eléctricos e inversiones en barrios.
Personal
En lo que respecta al personal, el análisis de esos dos ejercicios revela que el 99 % de los puestos correspondían a personal funcionario, integrándose la mayoría de los puestos en el grupo C.
La forma mayoritaria de provisión es el concurso-oposición. Existen también trabajadores laborales, la mayoría de ellos en virtud de un convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
El total de efectivos es de 4.792 personas, de los cuales 900 son funcionarios interinos y 114 laborales. Así, la asignación de los funcionarios a los puestos es, en su mayoría, definitiva y una quinta parte son interinos, mientras que la asignación de los puestos a personal laboral es en un 80 % de carácter temporal o interino.