Judit Macarro
Zaragoza
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El convenio urbanístico para la reconversión de usos del colegio Jesús y María de Zaragoza ya está presentado. Así lo han informado esta mañana desde el departamento de Urbanismo del ayuntamiento, quienes han asegurado que los papeles pasarán por una revisión esta semana para que todo esté "plasmado correctamente". 

Son 8.952 metros cuadrados en pleno distrito Centro, sin uso desde hace más de 25 años. Un suelo educativo que pretende pasar a ser residencial, para poder construir 160 viviendas y un centro cívico. 

Un paso que, para poder dar, primero se debe hacer una recalificación de la parcela. Algo con lo que el Gobierno municipal no parece tener problema, siempre y cuando la empresa, Bilbao Patrimonial, se ocupe de la construcción del nuevo edificio.

Un cambio de nombre que, tras muchas reuniones, vaivenes y otros problemas por el carácter histórico del edificio, "ya está puesto negro sobre blanco", confirman desde el consistorio. Anuncio que llega 15 días después de la fecha límite pactada, el 30 de septiembre, y una quincena antes de la 'deadline' para comenzar las obras, el mes de noviembre.

Precisamente fueron las idas y venidas con los papeles por parte de la propiedad, lo que llevó al consistorio a poner como cláusula una fecha límite para presentar dichos papeles. "El ayuntamiento pondría sus propias condiciones en dicho suelo", explican. Por ejemplo, "utilizando una parte para zonas verdes", añaden.

"Un acuerdo ilegal"

No obstante, pese a el anuncio de que ya está todo casi listo para que las obras sean por fin una realidad, desde el grupo municipal socialista mantienen una postura contraria. Han anunciado esta mañana, pocos minutos después de conocerse el anuncio del convenio, que registrarán este mismo martes una moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para que "garantice ese interés público".

"Estamos cansados de estas chapuzas o de estos beneficios que se les da a unos pocos, y sin embargo la ciudad sigue sin ganar", ha asegurado la portavoz del PSOE, Lola Ranera. Ya el pasado mes de julio, pasado el pleno de la ciudad donde se dio el visto bueno al cambio de suelo, anunciaron que recurrirían a la Justicia dicha recalificación.

"Fue una modificación votada por el Partido Popular y Vox. Acuerdo tras el que nosotros pedimos la retirada de este expediente porque es un acuerdo ilegal, ya que no cumple el interés general", ha compadecido Ranera en la calle Cortes de Aragón, con el edificio histórico justo a sus espaldas.