Zaragoza se ha convertido este jueves en la sede del IV Foro Local para la Agenda Urbana organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Un evento clave que ha reunido a un centenar alcaldes y representantes del país para debatir sobre la transformación y las estrategias urbanas de las ciudades españolas.
Entre otras cuestiones, durante la cita, se debatirá sobre el estado de la implementación de la Agenda Urbana Española a nivel local, el seguimiento de la Componente 2 del PRTR y el futuro Plan Estatal de Vivienda. Un foro que para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, supone "una oportunidad para demostrar el trabajo conjunto de todos los alcaldes".
En la reunión, llevada acabo en el museo Pablo Gargallo, han estado presentes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (que se ha presenciado de manera telemática).
Quien sí ha acudido al encuentro ha sido el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, para subrayar el compromiso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Ha destacado que más de 200 municipios, que representan a más del 50% de la población española, están desarrollando planes de acción enfocados en la regeneración urbana, la construcción de vivienda asequible y la mejora de la calidad residencial.
"Con una inversión de más de 4.500 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos, se están impulsando iniciativas para regenerar barrios vulnerables y hacer las ciudades más eficientes y sostenibles", ha apuntado Lucas.
La agenda urbana
Chueca ha subrayado que las ciudades son el principal centro de concentración de población y que, por tanto, "son clave para impulsar las políticas europeas de sostenibilidad y competitividad". Siendo este un trabajo que, según la regidora, exige un esfuerzo "muy importante" por parte de los alcaldes "independientemente del color político".
"Hoy el principal problema que tenemos los ayuntamientos es el déficit de la financiación", ha afirmado Chueca. En este sentido, la alcaldesa ha cuestionado que, "si son los ayuntamientos quienes están desplegando y ejecutando la Agenda Urbana fijada por Europa, ¿por qué no tienen acceso directo a los fondos europeos?".
"¿Por qué no se inyecta de forma directa la financiación que necesitamos para el reverdecimiento de las ciudades, para la transición energética del transporte público, para la gestión de la rehabilitación de vivienda?", ha continuado.
La alcaldesa de Zaragoza ha insistido en que los ayuntamientos son "la primera puerta a la que llama el ciudadano y los primeros en atenderle". E incidía en que es ahí donde los consistorios necesitan un incremento notable de la financiación" al tiempo que ha añadido que "bastaría" con que los fondos Next Generation "llegasen a los ayuntamientos de forma directa para que se ejecutasen con éxito las iniciativas".
En este sentido, ha subrayado la importancia de la agenda urbana como hoja de ruta para impulsar el avance igualitario de las ciudades. Unas declaraciones que le han servido a la presidenta de la FEMP para advertir que "si los ayuntamientos no aprueban estos planes, no se podrá acceder a los fondos europeos".
Cabe recordar que Zaragoza aprobó su Plan de Acción Urbana en 2022. Entre las acciones recogidas se encuentra la restitución paisajística en el entorno del río Huerva, el impulso del programa de recogida selectiva de residuos, la revitalización de los polígonos industriales o el plan de vivienda asequible con 423 viviendas que ya están en obras.
Respecto a la vivienda asequible, Pelayo ha reiterado que este es uno de los problemas más acuciantes de los ayuntamientos. Ha aludido a la ley de vivienda actual para señalar que esta supone "una dificultad para que los ciudadanos accedan a hogares de precios razonables y ha aumentado los alquileres".
Pisos turísticos
Pelayo también ha aprovechado para hablar de los desafíos que enfrentan los municipios en relación con los pisos turísticos. Explicó que solo el 10% de los municipios en España presentan problemas relacionados con el turismo desbordado y subrayó que no se debe lanzar un mensaje negativo sobre este sector. "Es el momento adecuado para adoptar medidas que equilibran la llegada del turismo con la calidad de los servicios para los ciudadanos", ha agregado.
En este contexto, la presidenta de la FEMP ha destacado el trabajo conjunto con otros ayuntamientos, como el de Jerez. Ha añadido que la Federación está llevando a cabo propuestas que permitan a los municipios "acogerse a un marco regulatorio flexible, tanto a nivel autonómico como estatal, que respete las realidades locales".
Por su parte, Lucas ha asegurado que desde el Gobierno central buscan una solución para evitar que "los pisos turísticos desplacen el alquiler habitual". Así, ha apuntado que el Gobierno ya está trabajando en un real decreto para regular esta situación y fomentar la participación de las comunidades autónomas.
Aunque en la ciudad de Zaragoza "no existe un problema significativo con este fenómeno", la alcaldesa de Zaragoza ha asegurado que se trata de un tema que ocupa a todos los gobiernos municipales de forma "grave".
"Entiendo que la ministra debe pensar en un ámbito nacional y encontrar soluciones para aquellas ciudades donde sí sea un problema", ha coincidido Chueca. No obstante, ha apuntado que, según las cifras disponibles, el porcentaje de pisos turísticos en Zaragoza es de los más bajos de toda España.
La alcaldesa añadió que, aunque Zaragoza no enfrenta esta preocupación, otros municipios sí lo hacen, y destacó la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas entre los ayuntamientos para abordar este reto. "Es fundamental que podamos aprender unos de otros y trabajar juntos para encontrar soluciones adecuadas", ha afirmado.
Durante el Foro, otro de los asuntos que se debatirá será la problemática de la imposición de una tasa de residuos por parte del Gobierno de España. Un hecho que Pelayo ha calificado de "injusta" e incluso "ilegal". Según ha expuesto, los ayuntamientos "deberían tener la capacidad de decidir cómo cobrar por estos servicios a los ciudadanos".