El Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial van camino de terminar 2024 de la peor forma posible. La ejecución del convenio de obras en barrios rurales amenaza con agravar la brecha existente entre el Consistorio de Natalia Chueca (PP) y la institución que preside el socialista Juan Antonio Sánchez Quero hasta el punto de que el convenio, correspondiente al periodo 2021-2024, podría decaer si las partes no llegan a un acuerdo en una semana.

Hasta ahora, estos convenios habían sido prorrogados en buenos términos y sin mayor polémica. Pero todo parece haber estallado tras la última comisión de seguimiento. Tanto que la DPZ podría retener los últimos 4 millones si el Gobierno municipal no facilita información por escrito sobre las obras ejecutadas.

Este lunes, la propia vicepresidenta, Teresa Ladrero, criticó en un comunicado la "bajísima ejecución" al considerar que solo se han consumido un 15% de los fondos, porcentaje que el Ayuntamiento eleva al 80%. Semejante diferencia tiene un porqué: las cuentas del Consistorio se centran únicamente en los 12 millones ya recibidos y no en los 16 que marcan el total.

En ellas incluye los 4 millones que van para Bomberos y Ecoprovincia, otros 3 para los sobrecostes de las obras del anterior convenio y los 1,4 ejecutados del actual. La Diputación, sin embargo, hace los cálculos teniendo en cuenta únicamente los 9 millones destinados realmente a obras nuevas para este periodo.

La institución provincial ha pedido una reunión al Consistorio para aclarar los términos. "Nos podemos ver cuando quieran y donde quieran", aseguraban ayer. Por el momento, sin embargo, no ha habido respuesta. Esto podría tener serias consecuencias, ya que si no se acuerda explícitamente una prórroga antes del 31 de diciembre, el convenio decaerá.

Esto abriría un escenario incierto para los trabajos no ejecutados, ya que la DPZ podría pedir el reintegro de los fondos no utilizados y el Ayuntamiento, el pago de los 4 millones correspondientes a 2024.

Existe, de hecho, un precedente, ya que la Diputación ya ha reclamado al Consistorio más de 700.000 euros por las obras no ejecutadas en los barrios rurales dentro del convenio 2017-2021 y las bajas en las adjudicaciones de los proyectos desarrollados hasta el 31 de diciembre de 2023.

El duro cruce de declaraciones de las últimas horas enrarece, más si cabe, las negociaciones de cara a un futuro convenio, que debería tener horizonte 2025-2029. Ladrero acusa al Ayuntamiento de "desvirtuar" el acuerdo al utilizarlo para ejecutar "pequeñas obras de conservación" con las que "salvar la papeleta".

Desde la Diputación rechazan que el equipo de Natalia Chueca haya renunciado a ejecutar proyectos de envergadura por una "falta de previsión y ambición". Desde la plaza del Pilar, en cambio, recuerdan que se encontraron el anterior convenio escasamente ejecutado al llegar al poder en 2019 y estiman que el porcentaje de ejecución se elevará hasta el 90% en mayo de 2025 "teniendo en cuenta los plazos de ejecución de las obras y servicios ya iniciados".