Las obras de la residencia Aloha Pirineos entrarán a partir de este lunes en una nueva fase tras recibir licencia urbanística y medioambiental. El proyecto colocó su primera piedra en septiembre, pero será ahora -una vez que reciba luz verde de Urbanismo- cuando empezará a trabajarse 'en serio' en la construcción del residencial, que contará con 336 estudios para jóvenes.
El Ayuntamiento de Zaragoza llevará al Consejo de Gerencia de Urbanismo de este próximo lunes el expediente que permitirá conceder a Aloha Pirineos SL licencia urbanística y licencia ambiental de actividad clasificada de edificio residencial colectivo destinado a personas jóvenes con carácter social. Salvo giro de guion, el permiso saldrá adelante, ya que cumple todos los requisitos formales.
El paso no es menor. Especialmente teniendo en cuenta las dificultades que han marcado el proyecto tanto por el rifirrafe entre el Gobierno del entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, y el entonces alcalde Jorge Azcón como por los problemas de financiación de la primera empresa adjudicataria, que acabaron en un expediente de extinción.
En estos meses, los nuevos promotores -un grupo de empresarios aragoneses encabezados por el presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito- han ido avanzando con el movimiento de tierras y el vallado del entorno. No obstante, las obras seguían pendientes del permiso que se concederá este próximo lunes.
Una vez esté, las obras adquirirán otro ritmo. No en vano, la intención sigue siendo que la residencia esté lista. Ubicado en una parcela junto al aparcamiento de autobuses de Macanaz, entre los barrios del Actur y el Arrabal, y con vista al Pilar, el complejo ofrecerá 336 estudios de alquiler a precio asequible, unos 400 euros al mes.
Cada persona contará con cocina y baño individual y podrá permanecer un máximo de entre 5 y 8 años, ya que la idea es que esta residencia sea un paso intermedio hacia una vivienda definitiva, ya sea en régimen de compra o de alquiler.
La resurrección del proyecto tras las dificultades jurídicas y financieras que, en palabras del actual consejero de Fomento, Octavio López, llevaron al cuatripartito a "tirar la toalla" contribuirá a "solucionar los problemas de vivienda" existentes en la capital.
La residencia incluye biblioteca, zonas de coworking, gimnasio, cafetería, zonas de preparación de comidas, lavandería, terrazas y salas polivalentes. Asimismo, contará con 75 plazas de aparcamiento en la planta sótano y otras 25 en el exterior.
Construido con elementos prefabricados y de alta tecnificación y plenamente accesible a personas con movilidad reducida, será un edificio de consumo energético casi nulo que abarcará una superficie construida de 13.194 metros cuadrados.
La operación se basa en una concesión demanial a 75 años. Esto quiere decir que la Unión Temporal de Empresas (UTE) promoverá, construirá y explotará la residencia durante 75 años y, posteriormente, la propiedad retornará al Gobierno de Aragón.