El Gobierno de Aragón va a ingresar en este 2024 alrededor de 11,5 millones de euros por los nuevos impuestos eólicos y fotovoltaicos aprobados el pasado mes de mayo. Pese a que las previsiones iniciales hablaban de unos 20 millones, el retraso en su convalidación en las Cortes y los cambios que sufrió en la tramitación han provocado que la cuantía que vaya a las arcas autonómicas se reduzca a prácticamente la mitad.
Así lo ha desgranado este lunes el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, en su comparecencia en el Parlamento autonómico. PSOE, CHA e IU le han pedido explicaciones sobre esta caída en los ingresos y sus posibles consecuencias económicas. Sin embargo, ha negado que vaya a tener un impacto “preocupante ni dramático” por su escaso peso en el Presupuesto -“no afecta ni al 5 por 1.000”- y “la buena marcha del resto de impuestos”.
De esta forma, el Ejecutivo aragonés calcula unos ingresos de ocho millones por los parques eólicos, pese a que inicialmente esperaba 12, y de tres millones por la fotovoltaica, cuando preveía alrededor de ocho. Todo ello teniendo en cuenta las dudas todavía existentes por las bonificaciones del 50% para autoconsumos para excedentes.
Una de las causas de estos desajustes, según ha explicado Pozuelo, es el retraso que sufrió en su tramitación en el Parlamento aragonés, ya que se alargó durante tres meses y no pudo ser aprobado hasta el 30 de mayo. “Se ha perdido la recaudación de marzo, abril y mayo. Son tres meses sobre 11, una horquilla del 25 al 33%. Buena parte de la perdida de recaudación se debe a la fecha de entrada en vigor de la ley. El impuesto no podía exigirse por todo el año natural 2024. Existía la posibilidad de estar viciado de retroactividad”, ha señalado.
Recortes durante la tramitación
Del mismo modo, durante el debate se ajustaron, a partir de las enmiendas de los grupos, varios de los tipos, como el cargo por megavatio eólico, que se redujo prácticamente a la mitad, de 2.040 euros a 1.040. También se rebajó la tasa a las fotovoltaicas en función de las hectáreas, pudiendo alcanzar también la mitad de lo planteado inicialmente según tramos de extensión.
Con ello, la previsión a año completo se ha fijado en unos 22 millones de euros, también un tercio menos de lo anunciado inicialmente, aunque desde el Departamento inciden en que la implantación de este tipo de proyectos energéticos a lo largo del territorio hará incrementar los ingresos.
El objetivo principal de estos impuestos era gravar la capacidad económica de los parques de renovables, por su impacto en el medio ambiente. De toda la recaudación, la mitad se destinaría a la creación de un fondo medioambiental y a luchar contra la despoblación.