Los sindicatos y la Dirección de Becton Dickinson han comenzado a negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el despido de los 35 trabajadores del fallido proyecto en Zaragoza. La compañía inició hace tres años la construcción de una gran planta en la capital aragonesa, pero una reorganización en la producción hizo que el proyecto ni siquiera fuera completado.

Ahora, ambas partes han iniciado el calendario de reuniones para pactar una salida para el personal que llevaba desde principios de año en el polígono Empresarium. En el primer encuentro, la compañía entregó un informe técnico en el que les confirmaban su intención de no continuar con la planta de Zaragoza y redistribuir su producción a otras instalaciones, entre ellas, por ejemplo, la de Fraga (Huesca).

Así, estas negociaciones se prolongarán hasta el mes de octubre. La intención de los sindicatos es lograr las mejores indemnizaciones posibles, dentro de que llevan unos seis meses trabajando, y buscar la posibilidad de recolocaciones en la multinacional. Además, han abierto la posibilidad de otorgar permisos retribuidos al personal que ya no tiene funciones.

De cualquier modo, desde CCOO esperan que no existan grandes dificultades en firmar un acuerdo satisfactorio para los trabajadores. No obstante, también inciden en el duro palo que supone para el tejido empresarial e industrial aragonés la marcha de un proyecto que iba a generar hasta 600 empleos en Aragón, entre ellos ingenieros, operarios o personal de producción, como todavía figura en su página web.

Además, los sindicatos valoran el importante perfil cualificado de estos trabajadores, por lo que creen que no tendrán complicaciones en encontrar un nuevo puesto, más allá del “drama humano” que supone haber abandonado proyectos personales y profesionales que ya estaban en marcha.

Paralelamente, desde Becton Dickinson se enfrentan al enfado existente en el Ayuntamiento de Zaragoza, que le va a exigir “hasta el último céntimo” de las bonificaciones a las que se acogieron, como aseveraba este lunes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

Para incentivar su llegada, la empresa quedó exenta del Impuesto de Construcciones (ICIO). Esto le supuso un ahorro del 95% a la multinacional que se tendrá que devolver al Consistorio, que le reclamará cerca de 8 millones de euros.