Miguel Borra (Zaragoza, 1968) iniciaba en marzo su cuarto mandato como presidente de CSIF en una delicada situación para los trabajadores públicos del país. A cuestiones propias como la pérdida de poder adquisitivo, la alta temporalidad o la tasa de reposición, se le suma las consecuencias que tendría para las administraciones el posible pacto entre PSC y ERC para el denominado cupo catalán.

A su juicio, este acuerdo tendrá “cuestiones negativas” en la Agencia Tributaria, tanto al “dificultar” la lucha contra el fraude como para sus 4.000 empleados públicos. Igualmente, Borra considera que el resto de las comunidades sufrirán una “detracción” de los fondos del Estado que también afectará a las condiciones laborales de los funcionarios. Todo ello viendo “muy difícil” que el Gobierno consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

P.- La actualidad económica pasa por la financiación autonómica y el cupo catalán. ¿Qué consecuencias tendría si se llevara a cabo el acuerdo?

R.- Va a tener cuestiones negativas. Fragmentar la Agencia Tributaria va a dificultar la lucha contra el fraude o el contrabando de tabaco. Nos preocupa qué va a pasar con los 4.000 empleados públicos que están trabajando en la Agencia Tributaria en Cataluña. El dinero no se multiplica. Si va a haber una detracción de los fondos del Estado, porque una comunidad se va a quedar con más recursos, tememos que el resto de comunidades sufran esa merma. En Aragón, prestar los servicios de sanidad o educación es más caro. Por ende, las condiciones laborales también se verán afectadas. No vamos a permitir que Aragón pierda un solo euro tras el acuerdo con Cataluña.

También vemos muy difícil que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2025. El jueves va nuevamente el techo de gasto al Congreso, pero, pese a que lo han negociado en el extranjero, vemos difícil que Junts apoye. Volveremos a estar con prórroga presupuestaria y los empleados públicos seguiremos perdiendo poder adquisitivo.

P.- Después de toda la polémica con la Ley de Amnistía y ahora el cupo catalán, ¿qué futuro le ve al Gobierno?

R.- No solamente ha sido el acuerdo con Junts lo que ha sido muy gravoso para el país. Los pactos por la investidura han marcado que se acabe con la caja única de las pensiones, los convenios sectoriales prevalezcan sobre los nacionales, que se acabe con la homogeneidad de títulos universitarios o que se hayan cedido competencias en materia de empleo público. El Gobierno va a ir perdiendo o ganando votaciones según apetencias de sus socios. Los dirigentes de Junts ya han dicho que verán lo que se negocia según lo que tengan sobre la mesa. Hace una semana, en Canarias, nos contaba que todavía no han recibido ni un euro para tratar la crisis migratoria.

P.- La semana pasada se reunió el nuevo ministro, Óscar López. ¿Qué sensaciones le transmitió?

R.- Le dijimos que esperábamos que la relación fuera más fluida que con el anterior ministro. Se ha comprometido a abrir las mesas de negociación. Le trasladamos lo que nos preocupa a los empleados, que es la pérdida de poder adquisitivo y la temporalidad. Vamos a darle ese margen de confianza para ver si pone en marcha esas iniciativas, sabiendo que este Gobierno lo tiene todo perdido en el Congreso.

OTOÑO CALIENTE

P.- A principios del verano advirtió de que vendría un otoño caliente si los funcionarios seguían perdiendo poder adquisitivo. ¿Mantiene ese mensaje?

R.- Totalmente. Tenemos en mente actuaciones. Si en las muy próximas semanas, el Gobierno no mueve ficha, no vamos a consentir seguir perdiendo poder adquisitivo, que la tasa de temporalidad esté como esté, que la Ley de Función Pública se tramite sin los agentes sociales... 

P.- A partir de 2025 hay que negociar un nuevo salarial para los funcionarios. ¿Qué líneas rojas va a marcar después de no firmar el último pacto?

R.- El acuerdo que suscribieron los sindicatos de clase con el Gobierno socialista ha implicado que llevemos perdidos, en estos dos años, más del 6% de poder adquisitivo y seguimos sin las 35 horas. Para nosotros, firmar un acuerdo con este Gobierno implica no perder poder adquisitivo y recuperar el que hemos perdido estos años, además de eliminar la tasa de reposición, hablar de carrera profesional, promoción interna o teletrabajo. También estaremos atentos a los empleados públicos de la Agencia Tributaria en Cataluña.

P.- El retraso en la reposición provoca plantillas cada vez más envejecidas

R.- En el Estado, más de la mitad de la plantilla se jubila antes de diez años. Con el modelo actual, hasta que se cubre una plaza, tranquilamente pueden pasar más de dos años. Estamos francamente preocupados. Son puestos de trabajo, en algunos casos, muy especializados. No tienen voluntad para eliminar la tasa de reposición. Es la espada de Damocles para que las plantillas tengan la dimensión óptima. En la administración local, es un freno absoluto.

ARAGÓN

P.- En Aragón, la semana pasada hubo una manifestación por la Educación de la que se descolgaron

R.- Los docentes de Aragón son de los peor pagados de España. Tenemos un acuerdo de Mesa Sectorial en mayo con el que estábamos todos de acuerdo, pero ahora los sindicatos de clase se han desmarcado por cuestiones no laborales, sino políticas. Pedimos al Gobierno que sea valiente y lo saque adelante. Implica una subida salarial del 4,5% para los docentes, una reducción de la carga lectiva de atención directa al alumno o que se paguen las tutorías. Queremos que lo saque adelante, aunque sea solo con nosotros. Si los sindicatos de izquierdas no quieren firmar, ellos tendrán que dar explicaciones.

P.- El objetivo del 8% de la temporalidad marcado por la UE para fin de año es inalcanzable

R.- En el conjunto de las administraciones públicas seguimos teniendo el 30%, y llegar al 8% va a ser imposible. Es verdad que este Gobierno de Aragón ha puesto más recursos humanos y materiales para sacar adelante los procesos, pero vamos a pedir otro esfuerzo para agilizar lo máximo posible. Detrás de esa temporalidad hay una médico, docente, enfermero o trabajador en situación precaria. Queremos dar estabilidad a las plantillas, que es la base para tener unos servicios públicos de calidad.

P.- Aquí en Zaragoza se valora el buen ambiente entre Gobierno y agentes sociales, empresarios y sindicatos. ¿Cree que esta paz social es exportable a nivel nacional?

R.- Las organizaciones sindicales deberíamos estar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Somos el único sindicato que lo hacemos. No entendemos cómo un acuerdo en una Mesa Sectorial de Educación entre todos, cuando llega el momento de dar el paso, se echan para atrás. Implicaba subida salarial, reducción de jornada lectiva de atención al alumno. Hay algo por detrás, aparte de las condiciones laborales. Estamos viendo que, en los sindicatos de clase, se alcanzan acuerdos rápidos con el Gobierno y con las patronales cuesta bastante más.

CSIF

P.- Inició en marzo su cuarto mandato como presidente de CSIF. ¿Qué retos se marca?

R.- Queremos seguir afianzando la afiliación. Superamos los 250.000 afiliados. Hemos avanzado en nuevas tecnologías. Hemos sacado los mejores resultados electorales de la mesa del sindicato. Queremos seguir en ese camino. Estamos en conexión con todos los trabajadores, ya que también tenemos miles de delegados en la empresa privada. Debemos recuperar el poder adquisitivo, acabar con la tasa de temporalidad y avanzar en temas de carrera profesional, teletrabajo o promoción interna, que es una demanda constante de los empleados.

P.- En su balance de mandato destacaba haber superado los 250.000 afiliados, que es el sustento de CSIF

R.- Llevamos 12 años con auditoría externa y tenemos las cuentas publicadas en la página web del sindicato. Somos una organización total y absolutamente viable con medios propios. Invitamos al Gobierno que acabe con las subvenciones a sindicatos y partidos políticos.

José Luis Santafé (CSIF Aragón): “Queremos una homologación salarial con el resto de comunidades”

P.- ¿Qué asuntos más les preocupan en Aragón?

R.- Estamos muy preocupados por las condiciones de los empleados públicos y el deterioro de los servicios por falta de personal. Salen adelante por el sobreesfuerzo de los trabajadores. Queremos una homologación salarial con el resto de comunidades. Tenemos docentes que están cobrando 500 euros menos que otras comunidades, trabajando menos horas lectivas. Tenemos enfermeras y trabajadores de instituciones penitenciarias cobrando 300 euros menos que en Cataluña. Queremos una homologación retributiva.

P.- El Gobierno de Aragón también tiene, y así lo reconoce, un grave problema con la temporalidad

R.- No creemos que se pueda cumplir la Ley de Estabilización en Aragón. Sabemos que el Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo importante por aumentar recursos, pero queda poco tiempo y mucho que trabajar para llegar al 8%.