Gobierno de Aragón, empresarios y sindicatos han vuelto a darse la mano para suscribir un gran acuerdo de legislatura con el que sentar las bases del crecimiento económico presente y futuro. Con ello, pretenden crear una línea común de trabajo para situar a trabajadores y empresas “en el centro de la línea política” y garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos.
Cinco ejes marcan este gran acuerdo, que da continuidad a los pactos suscritos desde 1989 entre los agentes sociales aragoneses. Así, contempla cuestiones como adaptar la formación a los perfiles que necesitan las empresas, impulsar las relaciones laborales y la negociación colectiva, dinamizar la actividad empresarial, apostar por la cohesión social y los servicios públicos y facilitar la agilidad y simplificación administrativa.
En concreto, el pacto, rubricado este miércoles en la sede del Gobierno de Aragón, incluye la actualización de la cartera de servicios del Inaem, favorecer la FP Dual, impulsar la seguridad laboral, incidir en la prevención de riesgos laborales o consolidar la estructura del SAMA como una “pieza esencial” en las relaciones entre empresarios y sindicatos.
Asimismo, sostiene la redacción de un Plan Industrial de Aragón para combatir los nuevos retos a los que se enfrenta, poniendo el foco en las infraestructuras, la promoción del sector y la movilidad laboral y urbana.
Los servicios públicos también centran la redacción de este acuerdo, con la puesta en marcha de un programa específico contra el acoso escolar o refuerzo de la Atención Primaria. Los problemas de la falta de vivienda son otro de los focos, con medidas como una línea de ayudas específica para acceder a VPO y alquiler, o articular un sistema público de vivienda social de alquiler nutrido de vivienda privada que dé seguridad al propietario y al inquilino ofrezca precios accesibles.
Un acuerdo que, a juicio del presidente de Aragón, Jorge Azcón, es más relevante en un momento de “polarización y crispación” que demuestra que “los aragoneses somos gente trabajadora, esforzada y solidaria”. “Somos gente de llegar a acuerdos, de fiar y de pactos, desde el Compromiso de Caspe. Es un elemento diferencial de la Comunidad”, ha reseñado.
De hecho, Azcón defiende que la paz social y la estabilidad son un “factor estratégico” a la hora de decantarse por Aragón como sede de grandes inversiones empresariales. “Esta paz social significa seguir atrayendo inversiones, fortalecer la industria, las empresas y los negocios. Estoy seguro de que seguiremos haciendo, de la mano de empresarios y sindicatos, que Aragón sea una tierra de prosperidad”, ha apuntado.
En este sentido, desde CEOE y Cepyme valoran que el diálogo social es “un activo y una fortaleza” de Aragón. “Este intangible lo valoran las empresas. Debemos seguir potenciándolo”, ha afirmado el presidente de la patronal, Miguel Marzo. “Los empresarios nos establecemos en sitios de baja conflictividad y un ecosistema favorable. Es un pilar fundamental para evitar desigualdades y promover consensos”, ha resaltado la presidenta de las pymes, María Jesús Lorente.
Los principales sindicatos también destacan la fortaleza del acuerdo como una de las razones para que Aragón acoja nuevos proyectos multinacionales. “Nos distingue tener claro que todos representamos a una parte que servimos para un todo, que es el avance social”, ha destacado el secretario general de CCOO, Manuel Pina. “Ahora toca desarrollarlo, y tenemos el compromiso de que vamos a hacerlo. Es un acuerdo para los aragoneses y va a redundar en que sigan viniendo inversiones para que los trabajadores tengan un futuro”, ha añadido el líder de UGT, José Juan Arceiz.