El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes una nueva Ley de Energía después de que el Tribunal Constitucional anulara la norma aprobada por el cuatripartito de Lambán. Este nuevo proyecto recoge gran parte -alrededor de un 80%, según la DGA- de los artículos de la anterior ley, pero adaptadas a las disposiciones que motivaron la suspensión el pasado mes de septiembre, e incorporando, entre otras, las recomendaciones de la Comisión de Investigación de las Cortes.
La sentencia del Constitucional no compartía las razones de urgencia esgrimidas por el cuatripartito (PSOE, CHA, Podemos y PAR) para recurrir a la fórmula del Decreto ley. Ahora, el Gobierno del PP retoma gran parte de esta norma mediante la fórmula del Proyecto de Ley, con la posibilidad de que la oposición presente las enmiendas que estimen y el deseo de reunir el consenso del Parlamento.
Entre las novedades, el texto incluye la aprobación de un Plan Energético que incluya, entre otras cuestiones, una ordenación territorial de las energías renovables. Ello ponderaría los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas, culturales, urbanos y territoriales, y tendría capacidad para restringir su implantación en determinadas zonas, como el caso de los embalses, y reserve otras para su aceleración.
En este sentido, el Proyecto de Ley mantiene la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética con el objetivo de canalizar la reinversión de una “parte sustancial” de los tributos ambientales. “La ley lo prevé y esperamos que luego tenga su debido desarrollo para compensar a los territorio y derive en ventajas y beneficios para el territorio. Con ello también se pretende superar los conflictos y tensiones en el territorio”, ha señalado.
Asimismo, el proyecto de ley incluye la regulación de los proyectos e inversiones prioritarios con generación renovable asociada, configurados como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón. A estas iniciativas podrán recurrir iniciativas públicas y privadas para acelerar inversiones productivas que vayan asociadas a instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
Así, se incluye entre los fines fundamentales del proyecto de ley los de favorecer el autoconsumo; incrementar el nivel de autoabastecimiento y diversificación energéticos regionales o promover la expansión de las energías renovables y la participación del sector económico empresarial. Con ello, espera mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y facilitar la constitución de comunidades energéticas.
Otra de las recomendaciones de las Cortes acogidas en el proyecto de ley es la creación del Foro Permanente de la Energía. Será un órgano administrativo integrado por los agentes públicos y privados que participan en el ámbito energético, con funciones de carácter consultivo de la Administración autonómica.
Con esta norma, la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, busca “aportar certidumbre, seguridad jurídica y confianza al sector de la energía” ante el “vacío legal” generado por la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el decreto aprobado a principios de 2023. El objetivo es que pueda someterse a votación en el Pleno a lo largo del mes de diciembre.