Cualquiera que sea empresario está a favor de la libre competencia porque enriquece la innovación y crea dinamismo en nuestra sociedad. Nuestro sistema económico capitalista se basa en el libre comercio, pero en España no gozamos de un libre mercado en sentido estricto puesto que el Estado interviene de diferentes maneras. Una de estas intervenciones es la regulación a la que se enfrenta un empresario cuando va a abrir su negocio.
En nuestro país, existen tres barreras de este tipo: la normativa estatal, autonómica y local. Hay que cumplir numerosos requisitos, que conllevan un elevado coste monetario y de tiempo, para comenzar a emprender. Cada sector tiene su propia idiosincrasia, pero aquí me voy a centrar en el mío: el hotelero. Primero, tienes que ser autónomo o constituir una sociedad, después tienes que solicitar los distintos permisos de obras y de actividad al Ayuntamiento.
Por último, la licencia turística depende de la comunidad autónoma. Una habitación de un hotel de tres estrellas de Barcelona puede medir un metro menos que en un establecimiento de Teruel, puesto que la normativa de Cataluña y Aragón son distintas. Con toda esta “maraña” legislativa en regla y pagando diferentes tasas e impuestos estipulados, ya se puede poner en marcha el hotel.
A esto se le suma la contratación de trabajadores, con su debida tributación a la seguridad social. En definitiva, un proceso largo y costoso que supone muchos quebraderos de cabeza, pero que merece la pena por el valor que añade al turismo de nuestra ciudad.
Desde hace unos años, los hoteleros vemos pasmados un tipo de competencia que no se tiene que enfrentar a los procedimientos que acabo de describir y son las llamadas “viviendas de uso turístico”. La normativa es laxa y no se tiene que cumplir con los numerosos requisitos antiincendios, de sanidad o prevención que tiene que pasar un hotel. A mi juicio es una competencia desleal, que conlleva más perjuicios que beneficios porque desincentiva la inversión turística. Mención aparte merece el poco o nulo control de las viviendas ilegales.
En muchas ocasiones, fallecen los abuelos y no les da tiempo ni de quitar el mantel de ganchillo y las sevillanas del televisor de los ancianos para subir a la plataforma de Booking su vivienda alquilada por días. Se debe actuar de manera firme controlando la oferta de este tipo de alquileres ilegales en las plataformas digitales y estableciendo duras sanciones contra estos piratas que ofrecen sus casas de manera ilegal.
El perjuicio que supone el auge de este tipo de establecimientos nos lo ofrecen los datos: en la provincia de Teruel hay 485 viviendas inscritas en 2024; dato superior al de 2023 con 464. En total, un 4,5% más de vivienda de uso turístico. Paralelamente la provincia contaba con un total de 200 hoteles en septiembre de 2023, dato que baja a 179 hoteles un año más tarde-cifras extraídas del INE-. Es decir, hoy existen casi un 12% de establecimientos hoteleros menos.
La razón es que las viviendas de uso turístico están desplazando a los hoteles de categoría media. No es un fenómeno de nuestra provincia, sino que está sucediendo a nivel nacional. Esto produce que solo se abran hoteles de categoría superiores y, en un futuro, la clase media no podrá acceder a los servicios de un hotel, simplemente podrá permitirse un turismo 'low cost' de baja calidad que ofrecen las viviendas turísticas. No es lo mismo un servicio con una limpieza diaria de las instalaciones con una buena atención que ofrece un hotel a un frío piso en el centro de una ciudad con vecinos a los que puedes molestar.
En definitiva, la proliferación de las viviendas de uso turístico desincentiva la inversión hotelera, merma la calidad de nuestro turismo y tensiona la oferta de arrendamiento de vivienda habitual.
** Roche Murciano es presidente de Teruel Empresarios Turísticos