Zaragoza, como otras ciudades, ha contado con una red de transporte público heredada de épocas anteriores, que a menudo se ha retorcido como resultado de las numerosas demandas vecinales y que, por lo general, suele tardar a adaptarse a los cambios que sufren las ciudades a lo largo del tiempo. Zaragoza ha ido perdiendo oportunidades en este sentido, aunque en los últimos 24 años se han producido diferentes acontecimientos que no han conseguido adaptar la red de transporte a las necesidades de la ciudad.

El año 2000, el Ayuntamiento encarga la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para disponer de un instrumento consensuado que mejorara el transporte público en la ciudad. El año 2005 se firma el acuerdo con el resto de administraciones para la implantación del tranvía y una red de cercanías. El año 2008 se aprueba el proyecto de la línea 1 del tranvía y se aprueba también el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que incluía el entorno de Zaragoza y que proponía cambios en la red de autobuses. Parecía que se disponía, por fin, del instrumento idóneo para dar respuesta a las necesidades de la ciudad.

Porque ya entonces se detectaban ineficiencias en las líneas, superposición de algunas, desdoblamiento de otras por longitud excesiva, falta de conexión entre barrios próximos, etc. Quizá por ello, el año 2009 comienza a funcionar una línea circular que une diversos barrios y no cruza el centro de la ciudad.

Con la llegada del tranvía el año 2011, no se efectuó la necesaria reorganización de las líneas de autobús, limitándose a suprimir algunas coincidencias con la entonces considerada única línea rentable del tranvía, la que discurre de norte a sur. Era la gran ocasión que la ciudad perdió.

La concesión del servicio de transporte urbano mediante autobuses efectuada el año 2013 tampoco supuso cambios en la red de autobuses, aunque sí provocó su judicialización por parte de un candidato, concretamente la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores, excluido del concurso por no ajustarse a los pliegos de contratación según el órgano responsable de la adjudicación.

El año 2019 se actualizó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que giraba fundamentalmente alrededor de la introducción de la línea este-oeste del tranvía, la denominada línea 2 y que la actual Corporación Municipal desecha.

Después de casi 10 años de la adjudicación de la contrata del autobús y diversas sentencias, de ellas se dedujo que aunque habían existido irregularidades, procedía continuar con la actual concesión por la proximidad de su finalización.

Mientras, el adjudicatario había iniciado la sustitución de parte de la flota de autobuses con motor de combustión por otros eléctricos, con las consiguientes obras en cocheras para poder cargar las baterías. Parecía que las ventajas del tranvía podían igualarse por vehículos que no necesita railes para circular.

Trece años después de la llegada del tranvía, en la actualidad, sigue sin reordenarse la red de autobuses, que tampoco se ha adaptado a los cambios que ha sufrido la ciudad, que ha soportado las huelgas más largas de la historia.

De manera sorprendente, el año 2023, fecha de finalización de la concesión del transporte público mediante autobús, la actual Corporación Municipal aprobó la prórroga de la concesión por un periodo de 4 años debido a las grandes inversiones que debían efectuarse para la introducción del autobús eléctrico y aprovechar fondos europeos. Aunque adoptado de manera legal, la administración de justicia entendió que no se ajustaba a las sentencias firmes existentes y otorgó un plazo breve para que se elaboraran los nuevos pliegos de construcción, que luego amplió hasta mediados del año 2025.

Por otra parte, en la campaña electoral del Partido Popular se había incluido una nueva línea circular que se iba a poner en marcha el verano de 2024. Sin embargo, se ha ido retrasando la fecha de inicio de la nueva línea, que implicará la supresión de algunas líneas que coincidirían con la de nueva implantación, lo que ha generado protestas vecinales en los barrios afectados. Según el Ayuntamiento, una vez puesta en marcha la nueva línea, y en función del número de pasajeros que atraiga, se adaptarán las líneas que se suprimirán.

El objetivo municipal parece ser seguir avanzando y seguir mejorando la red de transporte público en lugar de no hacer nada. Ningún reproche a esta decisión, pero para ejecutarla es mejor convencer que imponer. Si bien es cierto que cualquier cambio en una línea de autobús levanta ampollas en parte de la ciudadanía afectada, ningún proceso participativo se ha abierto en relación con el transporte público en la ciudad en estos momentos.

El Ayuntamiento tiene en su mano aprovechar ocasión para hacer todo lo que no se ha hecho desde hace muchos años. Coincidiendo con la nueva adjudicación de la concesión a mediados del año 2025, puede jugarse el gran partido que todavía no se ha jugado, adaptar el transporte público a la actual ciudad de Zaragoza. Una oportunidad que sería deseable que no se desperdiciara. No puede ser tan difícil cuando otras ciudades lo han hecho.