Hay quien se apresura a buscar responsabilidades ajenas y a eludir las propias. El intrincado reparto competencial se ha mostrado especialmente útil para esto último, para eludir responsabilidades. Me refiero a la DANA y sus consecuencias. Todo recuerda al guion aplicado frente al 11-M y el Prestige, conocido, ensayado y de éxito contrastado, como bien saben quienes explotaron para su beneficio aquellas tragedias.

Pero más que exigir responsabilidades, que no dudo que habrá que hacerlo, hoy es el momento de ayudar, de volcarse en ello, de no entorpecer los operativos de búsqueda de desaparecidos, identificación de las víctimas, limpieza, reconstrucción, y reparto de ayudas, de alimentos y enseres, y económicas. La reconstrucción de los daños producidos durará meses, años con toda seguridad. Las dimisiones exigidas hoy agravarían sin duda el problema. Ya tocará.

Pero sí hay que analizar qué ha fallado, básicamente para enmendarlo en lo posible y que no vuelva a suceder. O que, si sucede, puedan minimizarse los daños.

Ha habido dos fallos, coyunturales y estructurales. Los que llamo coyunturales son los que afectan a la capacitación y, sobre todo, actitud de las personas situadas al frente de las administraciones implicadas. Ha habido negligencia, evidente, o incompetencia, pusilanimidad, falta de reflejos y de determinación, pero ha habido cosas más graves, como es la denegación de auxilio, que entra en otra categoría.

O la negativa a decretar de manera inmediata -insisto, inmediata- el estado de alarma o el estado de emergencia de interés nacional, tal como exigen las leyes y sin necesidad de que nadie lo pida, simplemente ejerciendo las responsabilidades que a cada uno le corresponden, que están perfectamente delimitadas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero esos fallos coyunturales se corrigen sustituyendo a los responsables. No es fácil, pero puede hacerse, debe hacerse. Y se hará, a su tiempo.

Los fallos estructurales son los que realmente importan. Me ha sorprendido saber que las alertas procedentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar se enviaban ¡por email! ¿Hay alguien abriendo el email permanentemente? Hay que revisar todos los protocolos de alerta e información a la población y actualizar las aplicaciones informáticas con las últimas versiones mejoradas.

Sabemos también que a lo largo de los últimos veinte años no se han efectuado obras de laminación ni de derivación que hubieran podido mitigar los daños, pese a conocerse de antiguo el riesgo de avenidas en el barranco del Poyo y otros cercanos. Todo eso debe revisarse. Cuando se invocaba el coste socioeconómico de las obras previstas para descartarlas, ahora hay un dato nuevo: el coste socioeconómico de no hacerlas, que ha resultado ser incomparablemente mayor.

Pero el fallo estructural más importante es la propia configuración del Estado autonómico y el caos competencial derivado. Feijóo ha dicho que la DANA ha demostrado que el Estado autonómico ha funcionado. Nada más falso. Si hay una evidencia es exactamente la contraria, que ha fallado estrepitosamente. Ha funcionado la solidaridad, sí, pero eso es algo distinto.

Cada vez somos más los españoles que advertimos que el sistema autonómico no funciona ni en situaciones de normalidad -ahí está el déficit público, la deuda autonómica con una media del 165% de sus ingresos, el deterioro de los servicios, las listas sanitarias, el fracaso educativo, el caos competencial, la deslealtad nacionalista incentivada y premiada, los privilegios clamorosamente injustos de unos territorios sobre el resto, el desapego creciente por la identidad común y por todo lo que nos une como Nación...-, pero cuando ha fallado especialmente -y creo que los hechos lo demuestran sobradamente- ha sido frente a todas las emergencias: ante el COVID, la crisis migratoria de Canarias y ahora con la DANA.

Confundir la solidaridad que hemos demostrado después los españoles, e incluso las administraciones autonómicas, enviando ayuda, con el supuesto buen funcionamiento del sistema autonómico es engañarse, y engañarse además de forma patética. La descoordinación entre la Comunidad Valenciana y el Estado ha sido clamorosa y evidente. Este caos competencial sólo alimenta la ineficacia y los sobrecostes, aunque -y esto sí es útil para los políticos-, haya servido para eludir responsabilidades.

Quien tiene todos los medios para luchar contra estas emergencias es el Estado. Suyo es el Ejército, con acuartelamientos también en Valencia, y la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, la Policía Nacional, suya es la titularidad de la AEMET, de las Confederaciones Hidrográficas, de las autovías y carreteras nacionales, de las líneas férreas, de los puertos y aeropuertos… Una administración única -llamémosle Mando Único- hubiera sido mucho más eficaz, y evidentemente no le corresponde a un presidente autonómico.

Otro día prometo hablar de Zaragoza.